En varios países latinoamericanos aumentan el jueves las voces de solidaridad con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el pueblo de esa nación suramericana, frente al golpe de Estado parlamentario-judicial en marcha contra la mandataria.

Desde La Habana una declaración del Gobierno Revolucionario de Cuba denunció el golpe de estado disfrazado de legalidad que se gesta desde hace meses en Brasil.

La mayoría de los senadores brasileños decidieron continuar el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y con ello separarla provisionalmente de su cargo por un período de hasta 180 días, en que se debe decidir mediante el voto de dos tercios del Senado la destitución definitiva.

Tras conocerse la votación senatorial (54 votos a favor y 22 en contra), el vicepresidente brasileño y uno de los principales enemigos políticos de Rousseff, Michel Temer, asumió la presidencia interina del Estado.

"Se trata de un artificio armado por sectores de la oligarquía en ese país, apoyados por la gran prensa reaccionaria y el imperialismo, para revertir el proyecto político del Partido de los Trabajadores, derrocar al gobierno legítimo y usurpar el poder que no han podido ganar con el voto electoral", afirma el texto.

A su vez, el gobierno venezolano condenó categóricamente este "golpe parlamentario", que pone en tela de juicio la institucionalidad democrática en el gigante suramericano.

La primera mujer electa como Jefa de Estado en Brasil enfrenta una arremetida de aquellos factores que perdieron las elecciones y son incapaces de llegar al poder político por otra vía que no sea la fuerza, apunta una nota de la Cancillería venezolana.

El jefe de los diputados de izquierda en el Parlamento de ese país, Héctor Rodríguez, indicó que Rousseff obtuvo 54 millones de votos, por lo que sus enemigos desconocen la soberanía popular.

En La Paz, Bolivia, legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo afirmaron que el juicio político contra la presidenta brasileña atenta contra la democracia regional, pues supedita la voluntad del pueblo, materializado en las urnas, a una decisión pactada, corrupta e ilegal de los parlamentarios de Brasil.

Igualmente, organizaciones obreras y campesinas bolivianas denunciaron la acción "planificada desde los poderes imperiales contra el proceso de cambio en Latinoamérica".

Desde Nicaragua el gobierno de ese país centroamericano envió un mensaje solidario a la mandataria brasileña expresando indignación y rechazo ante el proceso de impeachment en su contra, que calificó como golpe de Estado.

Firmado por el presidente Daniel Ortega y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, el escrito -también dirigido a Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores- califica el acto del Senado brasileño como "impresentable y antidemocrático".

Por su parte, el gobierno ecuatoriano del presidente Rafael Correa otorgó su decidido respaldo a Dilma Rousseff, "legítima depositaria del mandato popular expreso en las últimas elecciones democráticas en Brasil".

También desde Ecuador, el secretario general de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), Ernesto Samper, consideró que la decisión del Senado brasileño de someter a juicio político a Dilma Rousseff compromete la gobernabilidad democrática de la región.

En Bogotá, la excongresista colombiana, abogada y defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba, dijo a Prensa Latina que el golpe parlamentario contra Rousseff forma parte de las maniobras de la derecha para derrocar gobiernos con avances importantes en la región.

Al mismo tiempo, cientos de manifestantes de movimientos populares y partidos políticos argentinos repudiaron en Buenos Aires el golpe contra la mandataria, y marcharon hacia la embajada de Brasil a testimoniar solidaridad con el pueblo de la nación vecina. (I)