La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil informó “su decepción” con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por mantener “una negociación secreta” con el Gobierno de Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país.

La Alianza Cívica aceptó la noche del miércoles retomar las negociaciones a cambio de la “excarcelación de un número apreciable” de manifestantes presos, en una reunión con el Gobierno, el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

La Articulación resaltó “su decidido rechazo a la estrategia de falsa liberación a cuentagotas de presos y presas políticas utilizada por el régimen y aceptada por la Alianza Cívica”.

Asimismo mostró su apoyo a la Coalición Universitaria, que decidió no asistir a la mesa de negociación tras rechazar la decisión de la Alianza, que también fue repudiada por el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

Compuesta por decenas de ONG de la sociedad civil, la Articulación llamó a la ciudadanía, movimientos y organizaciones en resistencia, a  “mantenerse alerta para denunciar y no permitir negociaciones a sus espaldas”.

“Que no aceptamos que el régimen mantenga en prisión a presas y presos políticos, ni que la Alianza Cívica analice sus expedientes, aprobando la validez de las acusaciones y los procesos” iniciados, agregó la Articulación.

Esta asociación considera que una parte de los expedientes ya fue analizada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que es coordinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Consideramos que los negociadores de la Alianza Cívica deben exigir justicia por parte de equipos de investigación independientes, no llevada por los propios aparatos represivos criminales y el sistema judicial de la dictadura”, subrayó.

Las negociaciones
Las negociaciones fueron abandonadas por la Alianza Cívica el domingo pasado, después de ocho sesiones sin que las partes lleguen a un acuerdo en los temas de fondo relacionados con la justicia y la democracia.

La noche del miércoles en Nicaragua el Ejecutivo sandinista anunció la reanudación de las negociaciones bajo la promesa de “excarcelar” a un  centenar de presos políticos.

Rosario Murillo, vicepresidenta, esposa de Ortega y mano derecha del mandatario, envió a la prensa un comunicado en el que informaba de que tras negociaciones con la Alianza Cívica se reanudaba este jueves el llamado Diálogo Nacional.

Pero horas después el bloque de los estudiantes universitarios que conforman la Alianza organizó una conferencia de prensa en un hotel de Managua en la que afirmaban que no respaldaban el comunicado y rechazaban el inicio de la negociación al considerar que no cumple con las exigencias hechas al Estado. Los manifestantes exigen la libertad de los detenidos, el cese a la represión y “los secuestros”, el cese al hostigamiento a las familias de los detenidos y la prohibición de tratos crueles en las cárceles.

Hasta ahora 777 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité.

 Varios intelectuales y activistas mostraron su apoyo a los estudiantes, entre ellos Azahalea Solís, feminista e integrante de la Alianza, quien dio “su respaldo total al comunicado del Movimiento Estudiantil” y rechazó el acuerdo realizado con el Gobierno y el resto de integrantes de la oposición. “Totalmente de acuerdo con la madura y firme posición del movimiento estudiantil. ¡Respuestas contundentes! Esa es la demanda”, afirmó en Twitter.

Por el otro lado los empresarios reaccionaron pidiendo “confianza” a la población.

Nicaragua sufre una grave crisis que ocasionó 325 muertos desde el pasado abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

La CIDH insistió en que el Gobierno de Nicaragua cometió crímenes “de lesa humanidad”, mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA). (I)