El Gobierno español incumple sus obligaciones internacionales sobre el derecho a la vivienda, según un nuevo informe presentado por Amnistía Internacional (AI). Las propias estadísticas del Consejo General del Poder Judicial revelan que desde el inicio de la crisis en 2008, en España se han ejecutado casi 600.000 desalojos hipotecarios que afectan a establecimientos, locales, pero sobre todo a viviendas.

De hecho, en los últimos dos años, "hay 100.000 hogares rotos, personas y familias que han sido desahuciados de su residencia habitual. En muchos de estos casos sin ninguna asistencia social", indicó el Banco de España.

Según RT, lo que más llama la atención es que ante estas tremendas cifras, España ostenta otro hito: el 30% de las viviendas vacías de Europa se encuentran en territorio español.

Según datos de 2011, casi tres millones y medio de residencias están en desuso, fruto de la especulación inmobiliaria.

Esta realidad ha hecho que Amnistía Internacional, cuya ocupación tradicional son las violaciones de los derechos humanos, haya denunciado la situación en España.

Las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy son insuficientes. La ley de protección a los deudores hipotecarios de 2013 es efectiva para casos muy concretos y solo afectó a poco más de 30.000 familias.

Además hay que sumar medidas regresivas. Por ejemplo en Madrid o Cataluña los anteriores gobiernos vendieron residencias de protección oficial a fondos buitre.

España solo tiene un 1,1% de viviendas sociales en comparación con el 32% de Holanda o el 17% de Francia.

Ante el informe del AI no ha habido respuesta oficial. Será difícil de explicar para el Gobierno, por ejemplo, por qué no se usan como medida de realojamiento las 80.000 viviendas vacías adquiridas con fondos europeos por la SAREB, el banco malo.

Los desalojos se siguen sucediendo legalmente. Es el derecho a la propiedad privada, pero se desampara así el derecho a la vivienda. En general se imponen las cifras de lanzamientos.

Cataluña, con más de 15.606 casos en 2014, es la comunidad con más afectados. Valencia, Andalucía o Madrid le siguen con cifras escandalosas.

Tras cada una de ellas, se esconden historias y circunstancias muy diferentes como nos muestran los testimonios de AI.

Ante estas historias, la esperanza ciudadana no procede ya del Gobierno. Desprotegidos legalmente ante la voracidad del sistema bancario, para colmo de males, los españoles ven cómo el apoyo presupuestario a vivienda se ha reducido más de un 50% desde 2009. (I)