La región centroamericana es el escenario de una crisis de refugiados, en la cual miles de mujeres y niños se ven forzados a huir de niveles alarmantes de violencia en América Central, alertó este miércoles un estudio de la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El informe "Mujeres en fuga" afirma categóricamente que "se trata de una creciente crisis de refugiados" ante la incapacidad de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala de contener la ola de violencia urbana y la acción del crimen organizado.

En la introducción del informe, el máximo responsable de la ACNUR, el portugués António Guterres, expresó que "mientras la atención internacional está en los refugiados que llegan a Europa (...), hay otra crisis de protección desarrollándose en América Central".

Guterres señaló que entre 2008 y 2014 la ACNUR registró que la llegada de refugiados a Estados Unidos desde los países del Triángulo Norte centroamericano (Honduras, El Salvador y Guatemala) se multiplicó por cinco, pero que los pedidos de refugio en México y otros países se multiplicó por 13.

"La escalada de violencia por parte de peligrosos grupos criminales bien conectados y bien armados ha superado la capacidad de los gobierno de responder" al cuadro de  violencia urbana, apuntó la ACNUR.

Trayecto del infierno

En ese escenario, las mujeres y sus hijos son el eslabón más frágil de la cadena, por estar expuestos a abusos durante todo el proceso, y la búsqueda de la seguridad es un "viaje a través del infierno", afirma la entidad.

"Después de pagar valores exorbitantes a los coyotes, muchas mujeres son golpeadas, violadas y muchas veces asesinadas en el camino", reza el documento.

Con ese cuadro, el informe destaca que México es el país con la situación más complicada, ya que es al mismo tiempo el origen de desplazados por la violencia; es un lugar de tránsito entre Centroamérica y Estados Unidos, y también un santuario que mujeres centroamericanas buscan por refugio.

Entre sus recomendaciones, la ACNUR señaló que los países deben "evitar utilizar la detención como forma de contener el fenómeno", en una sesgada referencia a la política adoptada por Estados Unidos en su frontera sur.

Para redactar el documento "Mujeres en fuga" la ACNUR entrevistó a 160 mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala y México que lograron hallar refugio en Estados Unidos o a quienes le fue reconocida la necesidad de protección.

Aumentar la protección

Para Victoria Rietig, analista del Migration Policy Institute (MPI), el escenario trazado por el informe de ACNUR muestra "una crisis que se ha estado construyendo durante ya varios años".

El documento de la agencia internacional contiene "un mensaje claro, que es necesario aumentar la protección a esas víctimas de la violencia", dijo Rietig, una especialista con extensa experiencia de campo en América Latina.

En tanto, Maureen Meyer, experta sobre migración del Washington Office on Latin America (WOLA), dijo a la AFP que el documento "muestra que la idea de que todas las personas que vienen a Estados Unidos son inmigrantes económicos es errónea".

Para la experta "es necesario, más y más, considerar a una parte de esa población como refugiados, que merecen protección internacional" y por lo tanto ser tratados como tal.

Pero si bien México y Estados Unidos deben adaptar su abordaje ante la necesidad de garantizar protección a estas mujeres víctimas de violencia, el problema más grave es cómo poner punto final al escenario de inseguridad urbana en países centroamericanos.

"Números muestran que la situación en el Triángulo Norte no ha mejorado, e incluso en El Salvador ha empeorado", y por ello muchas personas, sobre todo mujeres, "no son capaces de encontrar refugio en sus propios países", dijo Meyer.

"El hecho de que la gente se vea obligada a salir de su país porque no pueden hallar refugio, habla de un fracaso del Estado para atender" esa necesidad básica, añadió.

Por su parte, Rietig recordó a la AFP que los países del Triángulo Norte firmaron con Estados Unidos una llamada Alianza para la Prosperidad, en la que Washington participaría con 1.000 millones de dólares en un plazo de cinco años.

Sin embargo, los resultados "dependerán de los mecanismos para canalizar los fondos. La propuesta fue presentada al Congreso y hay algunas ideas circulando, de forma que aún no sabemos cuantos recursos estarán disponibles" para enfrentar el problema de la inseguridad, comentó. (I)