La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó este jueves un recurso en un tribunal de San Juan para exigirle información al Gobierno sobre posibles abusos cometidos en el Centro de Detención y Tratamiento Social para Niñas del municipio puertorriqueño de Ponce.

Josué González, abogado de ACLU en Puerto Rico, dijo que el recurso se eleva a los tribunales tras la negativa del Ejecutivo de proveer la información demandada por la organización sin fines de lucro sobre posibles hechos ocurridos en el Centro de Detención y Tratamiento Social de la ciudad sureña.

González explicó que el Gobierno está obligado por ley a dar información, lo que no ocurrió en este caso y que ha provocado la demanda de ACLU.

La demanda presentada exige información pública sobre el centro de internamiento de niñas, en el que según la organización podrían haberse cometido abusos, entre otros de carácter sexual.

ACLU basa sus sospechas de abusos en entrevistas realizadas a jóvenes recluidas en ese centro de Ponce.

El comunicado difundido hoy por ACLU señala que la organización tuvo conocimiento de que las jóvenes se autoagreden cortándose en los brazos, lo que supone una extensión automática de seis meses en sus condenas, además del castigo de confinamiento en solitario.

El comunicado detalla que ACLU recibió además denuncias de contactos sexuales de las niñas recluidas con parte del personal del centro, limitaciones en las visitas de familiares y exigencia -innecesaria- de desnudarse para registros.

ACLU solicitó el pasado abril información pública sobre las condiciones de reclusión en la institución juvenil con el propósito de investigar supuestos abusos a las menores, que no fue satisfecha por el Departamento de Corrección de Puerto Rico.

"Es muy lamentable pensar que niñas que están en gran necesidad de servicios de salud mental no solo están siendo privadas de esta atención, sino que están siendo aún más traumatizadas por sentencias más largas y condiciones más difíciles", dijo el director ejecutivo de ACLU Puerto Rico, William Ramírez.