Un nuevo giro tuvieron esta semana las negociaciones del proceso de paz en Colombia tras el anuncio del fiscal general Eduardo Montealegre, de que a finales de agosto formulará imputaciones por crímenes de guerra contra los máximos líderes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El grupo insurgente ha reiterado al gobierno de Juan Manuel Santos que este tipo de medidas dificultará que el acuerdo de paz llegue a buen término.

Según detalló Montealegre, este proceso cobijará en un principio a los altos miembros de la cúpula de las FARC, aunque no se descarta que posteriormente alcance a otros miembros.

“Estamos hablando en principio de personas que forman parte de la cúpula, de la estructura jerárquica de las FARC. De las personas que durante décadas han formulado políticas que, obviamente, están en contra de los derechos humanos, la política de secuestro, la política de reclutamiento de menores”, enfatizó el fiscal.

Montealegre señaló que el interés de la fiscalía es “entrar en esta etapa de imputaciones, sobre todo, centrados en los crímenes de guerra, es decir en las violaciones graves al derecho internacional humanitario que han cometido las FARC”.

Los líderes de la guerrilla han manifestado en múltiples ocasiones desde La Habana, donde se negocia el proceso de paz, que no van a pagar cárcel porque simplemente no están de acuerdo con la justicia transicional que propone el gobierno colombiano.

En la última declaración de las FARC realizada el 28 de julio pasado, el negociador del grupo guerrillero Rodrigo Granda manifestó que no aceptarán un acuerdo de paz “que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero” por ejercer su derecho a la rebelión e insistieron en buscar alternativas jurídicas que reconozcan la “particularidad” del conflicto colombiano.

El director de la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que si las FARC no contemplan pagar un solo día de cárcel en un posible acuerdo de paz con el gobierno colombiano, este no tendría credibilidad.

Por su parte el abogado de las FARC en la capital cubana, Enrique Santiago, sostuvo que si los líderes de la guerrilla van a la cárcel por los crímenes cometidos durante el conflicto, los del Estado también deben ser juzgados. “Buscan más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Porque la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos”, indicó.

Santiago señaló que las FARC nunca aceptarán el marco jurídico diseñado para el proceso de paz porque a pesar de que fue pensado con buena intención tiene 2 problemas: primero lo creó el gobierno de manera unilateral y segundo es que inhabilita para participar en política a quienes resulten condenados por crímenes de lesa humanidad o de graves de guerra.

Al respecto, el analista Juan Manuel Ospina señaló a EL TELÉGRAFO que tanto el orden constitucional vigente en Colombia como las normas internacionales permiten que “a cambio de la verdad completa, exhaustiva y detallada se acuerden sanciones que reparen y restituyan a las víctimas del conflicto armado (...) de tal forma que creer que la única sanción es la cárcel, es un concepto medieval”. (I)

Las condenas contra Timochenko

El máximo jefe de lasFARC, Rodrigo Londoño Echeverry alias Timochenko, a quien le suspendieron las órdenes de captura para viajar sin inconvenientes a Cuba, tiene en su contra trece condenas y cinco procesos en etapa de acusación en la Fiscalía.

Entre las condenas se cuentan una a cuarenta años de prisión por la toma de Miraflores, Guaviare donde murieron 19 personas y fueron secuestrados 129 integrantes de la Fuerza Pública.

También lo condenaron a 34 años por la toma de Gigante Huila donde hubo tres muertos y un secuestrado.

Por el secuestro de la exsenadora Consuelo González de Perdomolo condenaron a 27 años de prisión.

Otros 25 años se suman a las condenas de Timochenko por el asesinato del Obispo de Cali, Monseñor Isaías Duarte.

La Fuerza Pública lo acusa de ser el cerebro detrás del negocio de la cocaína de las FARC.