La indignación de miles de personas que han sido desalojadas de sus viviendas en España durante los 4 años de mandato del PP tiene ya unas cifras reales escritas en un papel. La organización Amnistía Internacional (AI) ha sido la encargada de elaborar una estadística que solo ensombrece más la gestión de Mariano Rajoy en la recta final de su mandato.

Y, en menor medida, también la que realizó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al comienzo de la crisis: hasta 97.500 ejecuciones hipotecarias de viviendas principales se llevaron a cabo en España entre 2012 y junio de 2014. Una cifra que resulta aún más dramática si se amplía el margen al primer trimestre de este año, puesto que el número de desahucios supera los 600.000.

Los responsables de AI que han elaborado el informe, el primero con una cierta fiabilidad que se realiza en un país donde la burbuja inmobiliaria explotó sin previo aviso, calificaron de “terribles” los datos recopilados y denunciaron las nulas políticas de protección para los perjudicados que se han puesto en marcha.

España, con el 1,1% del total de casas que hay en el mercado, ocupa el último lugar en el ranking continental de viviendas sociales frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido. Es el primero de la lista en departamentos vacíos al albergar el 30% de todas las que hay en Europa. Gran parte de esta enorme contradicción social se debe, según Amnistía Internacional, en el mandato que el Gobierno otorgó a la Sareb, una especie de “banco malo” creado para absorber los activos que generó la reestructuración financiera de la crisis, que tiene en su propiedad 80.000 viviendas impagadas, pero que se encuentran bloqueadas para los ciudadanos sin hogar.

Un drama que no ha llevado aparejado ningún esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas. Más bien al contrario. Desde el inicio de la crisis en España, tanto el Gobierno de Zapatero primero y, sobre todo, el de Mariano Rajoy después han ido mermando el presupuesto asignado al gasto público en vivienda de forma progresiva hasta llegar al 50% que se destinaba en 2008. Un dinero insuficiente a todas luces e irrisorio para las necesidades de miles de desahuciados que aguardan unos cambios que no llegan. La consecuencia de esta política, “austeridad” en palabras del presidente español y las autoridades financieras internacionales, más de 13 millones de personas viven con menos de 650 euros al mes en España y si comen, no pagan la hipoteca.

Una de ellas es María y está sentada en el suelo, cerca del madrileño Palacio Real. Mantiene una mano flácida extendida sin ninguna confianza en la caridad pública. Duerme en la calle en una caja de cartón. Casos como el de María hay muchos. Esta es la causa principal que ha empujado a AI a alertar de que el “derecho a la vivienda corre peligro en España” y a denunciar que “las autoridades españolas no han adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo este derecho”. (I)