Aunque algunos juristas expresan su inquietud, el debate público sobre los límites legales de la libertad de expresión se desborda en España.

El motivo es la multiplicación de las denuncias por incitación al odio presentadas por la fiscalía del estado tras la celebración del referéndum independentista en Cataluña.

Desde el 1 de octubre se cursan 150, la mayoría es por publicar comentarios supuestamente “insultantes o amenazantes” en las redes sociales. Pero entre los denunciados también hay manifestantes que participaron en escraches, el gobierno municipal de una localidad con 100.000 habitantes como Reus por criticar la actuación policial, incluso un grupo de profesores de una escuela pública por hablar a los estudiantes “en tono despectivo contra los españoles”. Tampoco se libran una revista satírica y algún cantautor.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pasquau, considera que muchas de las imputaciones resultan “inexplicables”.

El último caso ocurrió la semana pasada, tras el fallecimiento repentino del fiscal general José Manuel Maza durante un viaje a Buenos Aires. Tres días después, la policía detuvo en Barcelona a un joven, de 19 años, por celebrar su muerte y “amenazar” al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, a través de las redes sociales. El detenido quedó en libertad con cargos por incitación al odio, injurias y amenazas.  

Para el Colegio de Abogados de Cataluña, una asociación de clara tendencia conservadora, el código penal  hace una descripción sobre las conductas que incitan al odio y la discriminación “muy amplia” y consideran oportuno “ajustar la normativa al nuevo enfoque” por la proliferación de denuncias.

Hasta ahora lo habitual eran imputaciones por odio contra neonazis, antifascistas violentos o individuos que agredían a personas pertenecientes a colectivos vulnerables por razón ideológica, por raza u orientación sexual. En este último año la tendencia empezó a cambiar.

Para Alberto García, letrado especialista en estos delitos, el aumento de las demandas registrado en los últimos meses “comenzó a desnaturalizar el objetivo para el que fue creado este tipo penal, cuya finalidad es proteger a los grupos vulnerables”, expresa.  

García considera que el auge de los delitos de odio responde a una cuestión política que “en parte distorsiona la realidad que se vive en Cataluña y en otras partes de España”.

La consecuencia es que en los tribunales abren un debate intenso sobre si hay base legal para procesar cada caso. El Ministerio español de Interior abrió el mes pasado un apartado particular dentro de su web oficial para denunciar este tipo de delitos. En esta sección se  explica qué son las infracciones de odio, por qué se debería denunciar y qué medidas adoptar una víctima o un testigo.

El magistrado Miguel Pasquau considera que solo hay delito cuando el mensaje revela una inequívoca intención de provocar un movimiento capaz de provocar actitudes violentas.

Es por esto que el abogado Alberto García asegura que los supuestos delitos de odio que están tipificados en España “intentan proteger los colectivos vulnerables a sufrir discriminación por razones sociológicas e históricas”. (I)

Amenazas

Los jueces se quejan
→Desde la asociación progresista Jueces para la democracia también se quejan de que la rapidez de la fiscalía a la hora de actuar contra supuestas amenazas hacia miembros del Estado no encuentra reciprocidad en sentido contrario.   

→90 por ciento de los votantes apoyó iniciar el proceso de independencia de Cataluña, en el referéndum.     

La catalanofobia
→Drets, una asociación de profesionales del derecho, anunció  ayudar a “todas las denuncias por catalanofobia y vejaciones”.