Según recuerda su director, el economista Asdrúbal Oliveros, la inflación acumulada de 2016 fue de un 525 %.

El Gobierno y el Banco Central venezolanos no publican datos sobre la inflación u otros indicadores económicos desde 2015, por lo que son consultoras privadas como Ecoanalítica o Econométrica las que mesuran estos fenómenos, de los que también ofrece cálculos el Parlamento, único poder del Estado en manos de la oposición.

Según datos de estas fuentes, Venezuela entró técnicamente en hiperinflación hace semanas, al superar el umbral del 50 % de inflación mensual.

En un informe presentado ante la Comisión de Valores de EE.UU., requerido para poder comercializar bonos en ese país y publicado en diciembre por esta institución estadounidense, el Gobierno chavista cifra la caída del PIB en 2016 en un 16,5 %, y admite una inflación acumulada del 274.4% para ese año.

Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Venezuela es el único país del mundo que cerrará 2017 con una inflación anual de cuatro cifras.

La inflación mide la subida de los precios y es un fenómeno marcado por la devaluación de la moneda y la pérdida de poder de compra de los ciudadanos.

Las causas canónicas de la hiperinflación son la inyección descontrolada de dinero base en el sistema y la caída de la producción de bienes, que llevan a un desequilibrio entre la abundancia de dinero y la escasez de oferta de productos.

Desde su llegada al poder en 1999, los Gobiernos chavistas han subido el salario mínimo más de 40 veces, mientras miles de empresas eran nacionalizadas o cerraban sus puertas.

Solo en la semana que va del 15 al 22 de diciembre, el Banco Central aumentó la base monetaria en un 24,15 %.

El Gobierno venezolano habla de una "inflación inducida" por los Estados Unidos, el sistema financiero internacional, la oposición y algunos empresarios y comerciantes locales a quienes acusa de "especulación".

En esta línea se ha pronunciado el economista español Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que ha denunciado un "crimen económico" por parte del "sistema financiero internacional" y de los Estados Unidos que habrían contribuido a la grave crisis que atraviesa Venezuela.

En un texto titulado "Las pruebas del crimen económico contra Venezuela", que puede leerse hoy en la web de la organización que dirige, Serrano señala "la continua agresión económica que viene sufriendo" el país caribeño en los últimos años, algo que atribuye a "razones geopolíticas".

En ese mismo sentido, Serrano -que participa regularmente en actos del Gobierno bolivariano- calificó de "improcedente" el riesgo que las agencias de calificación han otorgado a Venezuela, ya que esta había cumplido hasta ahora sus compromisos de deuda.

"La palabra 'default' es usada contra Venezuela con independencia de su significado", continúa Serrano, que recuerda que dos agencias de calificación han declarado recientemente al país petrolero en "default selectivo", después de que la Administración chavista no pagara a tiempo los vencimientos de varios bonos.

El académico andaluz menciona también las sanciones financieras contra el Gobierno venezolano de la Administración de Donald Trump, que prohibió en agosto a sus ciudadanos y empresas negociar con deuda nueva emitida por Venezuela, una medida para castigar la deriva totalitaria de Caracas.

Estas sanciones han supuesto un duro golpe para el acceso a crédito del Gobierno chavista, ya comprometido antes al no someter Maduro a la aprobación del Parlamento -en manos de la oposición y reducido a un papel simbólico tras ser despojado de sus funciones- que exige la Constitución las leyes de presupuesto y endeudamiento.

Serrano, a quien el presidente Nicolás Maduro se refiere como "el Jesucristo de la economía", hace alusión asimismo a la negativa de algunos bancos extranjeros a trabajar con Venezuela, lo que ha dificultado que el Gobierno de Maduro pueda hacer pagos para importaciones y otras operaciones en el sistema internacional.

Al igual que el Gobierno de Caracas, Serrano considera un "arma política de destrucción económica" la "evolución del tipo de cambio ilegal 'paralelo'" (a la tasa oficial que marca el Estado), que se ha disparado en los últimos meses. (I)