Las revelaciones de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil muestran escalofriantes testimonios de violaciones, crímenes y desapariciones que certifican la práctica de la tortura como una política de Estado durante la dictadura militar (1964-1985).

Creada para sacar a la luz las vejaciones ocurridas en la etapa dictatorial, la Comisión denunció que la tortura comenzó mucho antes de 1964, y se expandió durante los regímenes de facto hasta convertirse en la base de la coerción.

La historiadora Heloísa Starling, miembro de este grupo, destacó que entre 1970 y 1973 se registraron 730 denuncias de maltratos, humillaciones físicas y mentales, y esas acciones eran de conocimiento de toda la cadena de mando, desde el entonces presidente Ernesto Geisel hasta los jefes de las Fuerzas Armadas y de las diferentes ramas castrenses.

En 12 meses de labor, la Comisión recogió 268 testimonios de víctimas y agentes de represión de la dictadura cívico-militar, y escuchó testimonios de 207 testigos y afectados por graves violaciones de derechos humanos, indicó.

Según pesquisas, el estado con mayor número de centros de tortura en los 60 fue el de Río de JaneiroStarling dijo que la Universidad Federal de Río de Janeiro y otras instalaciones de estudios superiores de Brasilia albergaron centros de torturas. La mayor cantidad de transgresiones de este tipo ocurrieron en 1969 y la Marina fue considerada como “uno de los organismos más feroces en la estructura de represión”, aseveró al mostrar un documento que confirma la muerte de 11 desaparecidos políticos.

La Armada, según el documento presentado por la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), ocultó datos sobre el destino de desaparecidos políticos solicitados por el entonces mandatario Itamar Franco en 1993.

Durante sus pesquisas la CNV mantuvo contactos con gobiernos, grupos de derechos humanos y movimientos sociales de los países vecinos, como Argentina, Paraguay y Chile, donde las dictaduras colaboraron en el denominado Plan Cóndor, que tenía como objetivo eliminar a líderes guerrilleros y de organizaciones de izquierda.

La abogada Rosa Cardoso, miembro de este grupo, señaló por su parte que solicitará a la justicia el inicio de procesos penales contra militares acusados de continuos crímenes, entre ellos -dijo- aparece el coronel retirado Carlos Brilhante Ustra.

Acusado de 50 asesinatos y torturas, Ustra fue jefe del Destacamento de Operaciones de Informaciones (DOI-CODI),  del II Cuerpo de Ejército, entre 1970 y 1974, y admitió en días pasados ante la Comisión que siguió órdenes de sus superiores, pues el objetivo era acabar con las organizaciones de izquierda.

Ustra calificó de “terrorista” a la presidenta Dilma Rousseff, quien en su juventud fue presa y torturada durante tres años por actividades contra los regímenes de facto.

Entre otros crímenes, la CNV denunció la desaparición del periodista Mario Alves de Souza Vieira, secuestrado en enero de 1970 por miembros de Operaciones de Defensa Interna de Río de Janeiro.

730 denuncias de maltrato, humillaciones físicas y mentales se registraron entre 1970 y 1973Los responsables directos de este crimen fueron los agentes Luiz Mário Valle Correia Lima (conocido como teniente Correia Lima), Luiz Timótheo de Lima (inspector Timóteo), Roberto Augusto de Mattos Duque Estrada (capitan Duque Estrada), Dulene Aleixo Garcez dos Reis (teniente Garcez) y Valter da Costa Jacarandá (mayor Jacarandá).

Mario Alves fue capturado el 16 de junio de 1970 y llevado al cuartel de la Policía del Ejército ubicado en Tijuca, Río de Janeiro, donde fue sometido a severas torturas, y después fue visto por otros presos antes de ser sacado de la prisión con rumbo hasta ahora desconocido.

El presidente de la Comisión Estadual de la Verdad de Río de Janeiro, Wadih Damous, señaló que las pesquisas continuarán, pues resulta “necesario demostrar, sobre todo a los jóvenes, que la tortura fue una política Estado”.

Entre los testimonios recogidos por esa Comisión figuran el de la historiadora Dulce Pandolf y la cineasta Lucia Murat, con la participación de funcionarios civiles y militares de la época oscura vivida por el país.

Afligida por sus recuerdos, Pandolf rememoró que fue apresada en 1968 cuando era estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Pernambuco y pertenecía al grupo Acción Libertadora Nacional (ALN), una organización de tendencia de izquierda. Ella fue detenida el 20 de agosto de 1970 y lo primero que le dijo un militar al llegar al cuartel de la Policía del Ejército fue: “Aquí no existe Dios, ni Patria, ni familia. Solo nosotros”.

Sentí pánico durante las sesiones de tortura y en una ocasión me utilizaron como conejillo de indias en una clase para discípulos de torturadores, declaró al recordar que al final le informaron que la iban a ejecutar. “Me levantaron la capucha y con un revólver con una bala jugaron a la ruleta rusa apuntando a mi cabeza”, relató.
Pandolf pasó por varias prisiones y fue humillada, golpeada durante un año y cuatros meses, contó.

Murat relató por su parte ante la CNV que estuvo presa durante tres años y medio e intentó en dos ocasiones suicidarse, pues eran tan horribles e inhumanas las torturas a las cuales fue sometida que deseaba morir. “Sufrí la peor sensación de mi vida, la de no poder morir”, aseveró al narrar que recibió choques eléctricos, mientras estaba colgada, le colocaban cucarachas en el cuerpo y hasta en su vagina.

Es muy duro recordar esos horrores cometidos por los agresores, que aún viven debido a la ley de Amnistía de 1979, ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal y que no permite condenar estos crímenes.

Según las pesquisas, el estado con el mayor número de centros de tortura en la década del 60 fue el de Río de Janeiro. Otras instalaciones de este tipo se ubicaron en Bahía, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Río Grande do Sul y Sao Paulo.

Las investigaciones arrojaron también que Brasil albergó un centro de formación de represores de 1972 a 1989 para capacitar a militares latinoamericanos, acusados o condenados por crímenes y violaciones de derechos humanos.

Creada en 1972 bajo el gobierno del dictador Emilio Garrastazú Médici (1969-1974), la Escuela Nacional de Informaciones (ESNI) era una instalación muy semejante a la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá y adoctrinada por Estados Unidos.

Ese centro sirvió para entrenar a agentes y militares de la región en los métodos de torturas y represión. La abogada Cardoso anunció que la CNV solicitará a la justicia el inicio de procesos penales contra los responsables de crímenes cometidos en este periodo, pues los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

La Comisión fue creada para hacer una narración de las violaciones de derechos humanos registradas entre 1946 y 1988, período que incluye la dictadura militar, pero no tiene poder para actuar.

Empero, recomendará la condena de los empleados del régimen militar, pues Brasil no puede quedar rezagada en este sentido, ni tener periodos oscuros en su historia.