En el marco de los cambios que se  producen en Ecuador desde 2013 en materia de comunicación, el pasado año se propuso convertir la comunicación en servicio público. Desde entonces, el ‘debate’ se desarrolla en torno a posturas polarizadas; sobran argumentos construidos para defender o atacar al Gobierno -que a veces difícilmente se sostienen- y faltan razonamientos sobre el significado y las implicaciones de la medida.

De entrada, la propuesta puede interpretarse como un intento de terminar con el monopolio privado que viene caracterizando la comunicación (mediática) en Ecuador y en América Latina. Ahora bien, ¿se convertiría la comunicación en un monopolio público? También se la justifica como un intento de acabar con las malas prácticas y la conversión de la información en mercancía, sometida a criterios de rating que ahogan al periodismo y a la democracia. Pero, ¿a qué papel se relega la libertad de mercado?

Servicio público, interés general, discriminación… Son conceptos que traspasan el ámbito de la comunicación y entran en el plano politológico o jurídico y sobre los cuales la Ley de Comunicación nos obliga a recibir cursillos acelerados para abordarlo en toda su magnitud. Palabras que, probablemente, a la mayoría de los ciudadanos alguna vez se nos ha caído de la boca pero cuya verdadera dimensión se nos escapa. Conceptualmente, las de servicio público son actividades estratégicas que el Estado regula para garantizar el acceso a todos los ciudadanos.

En Ecuador, estas actividades (según el art. 314 de la Constitución) son: agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y los demás que determine la ley. A ellas habría que añadir, de salir adelante la enmienda, la comunicación. En su propuesta, la enmienda presentada por Alianza PAIS propone que el art.  384 de la Constitución (relativo al sistema de comunicación social) quede formulado en los siguientes términos: “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará  por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana”.

A partir de esta formulación, a continuación se proponen algunos grandes ejes que, si bien distan de ser categóricos, pueden servir para ordenar el debate público y reflexionar sobre las implicaciones que esta propuesta traería consigo.

1 Implicaciones jurídico-normativas

La enmienda sugiere un conflicto entre dos artículos de la Carta Magna, pues por un lado se garantiza el derecho de todos los ciudadanos a formar parte del sistema de comunicación y, por otro, se reserva al Estado la gestión de la comunicación. Un conflicto de orden superior surge entre las normas nacionales (Constitución) y los tratados internacionales, que reconocen la comunicación como un derecho (art. 19 Declaración Universal de Derechos Humanos o el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

Por otro lado, la enmienda permitiría la gestión a empresas privadas; en tal caso, ¿bajo quién recaería la responsabilidad última si se comete alguna infracción o delito?, ¿en qué tipo de violaciones se estaría incurriendo? La gestión del servicio público a través de entes privados sugiere, además, la existencia de algún otro órgano de competencias y capacidades superiores, capaz de ejercer cierto grado de control sobre el ente gestor y al que rendir cuentas.

2 Implicaciones económico-financieras

Lo relevante en el caso de los servicios públicos es que su gestión es independiente a la rentabilidad financiera, pues de lo que se trata es de ofrecer a todos los ciudadanos el acceso a ese servicio. Por tanto, el Estado habría de encargarse de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la comunicación en todos sus formatos, con unas tarifas asequibles para todos los sectores sociales. En este sentido, es importante tener en cuenta que no se tratan de consumidores o usuarios, sino de ciudadanos que necesitan acceder a información veraz y relevante para formarse su propio juicio de los temas que le atañen.

3 Implicaciones socio-democráticas

El acceso universal a la información es fundamental para alcanzar unos niveles de debate democrático sano de participación ciudadana. Para ello es necesario contar con unos niveles mínimos de pluralidad y diversidad, para cuya existencia parece necesaria la convivencia entre distintos tipos (gestores) de medios. La categorización de la comunicación como servicio público -de la mano de un refuerzo de la concienciación ciudadana de lo público y lo político- podría contribuir a disminuir el riesgo de que la sociedad civil latinoamericana adquiera el rol pasivo del pasado y que las democracias actuales cimentadas en una política social se derrumben.

4 Implicaciones comunicacionales y periodísticas

A menudo olvidados cuando lo público y lo partidario entran en disputa, los periodistas son -junto con los ciudadanos- los principales afectados en este tipo de decisiones, por cuanto se trata de regular su profesión.

En este plano no son pocas las cuestiones que pueden formularse: ¿Han de necesitar autorización del Estado para ejercer su profesión? ¿Implica la comunicación como servicio público algún tipo de regulación o control de los contenidos mediáticos? ¿Cómo se va a establecer la diferencia entre los medios públicos, los oficiales, los privados y los comunitarios si todos están a cargo del Estado? Todas estas cuestiones plantean una incertidumbre de fondo sobre cómo pueda afectar la nueva regulación a la independencia de los profesionales de la comunicación y, en consecuencia, a la calidad del periodismo ecuatoriano. En este contexto, el Estado debe proveer el marco jurídico que permita el desempeño de la actividad comunicacional en condiciones de libertad para el profesional y en las que el ciudadano no quede excluido.

Plantear una reflexión en torno a la conveniencia de promulgar la comunicación como servicio público no es cuestionar lo público, mas al contrario, es defenderlo. Defender lo público y defender al Estado, pero advirtiendo de sus diferencias y los límites de cada uno de ellos, entendiendo que lo público va más allá de los límites del Estado. Si la creación de los medios de comunicación públicos en Ecuador fue un paso fundamental hacia la democratización de la comunicación, la conversión de la comunicación en un servicio público puede convertirse en el cordel que ate los movimientos de la comunicación, por cuanto la libertad de expresión no solo engloba la libertad individual de expresar pensamientos e ideas, sino el derecho colectivo de recibirlas dentro y fuera de los medios. De lo que no cabe duda es que la propuesta de enmienda constitucional pone de manifiesto que la comunicación es un sector estratégico. (O)