La Constitución de 2008 estableció un nuevo Régimen de Competencias para el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), ¿como se trabaja en el proceso de descentralización que debe ejecutarse en el país?

Con la Constitución de Montecristi se definió a la descentralización como la forma
de distribución del poder en el que, para recuperar su rol, el Estado debe acercarse a los territorios, entendiendo que no está conformado únicamente por el Gobierno Central, sino también por los GAD. Esto implica asumir elementos de corresponsabilidad entre los distintos niveles administrativos en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el objetivo de la descentralización es que un ciudadano, en cualquier lugar del país que se encuentre, tenga la misma prestación de servicios públicos, tanto por la vía del Ejecutivo como de los GAD.

De esta manera, se logra eliminar el modelo de descentralización de negociación individual que estaba vigente hasta 2006, donde cada municipalidad, por ejemplo, si era afín al gobierno de turno, recibía recursos sin ningún problema. También conformamos un Consejo Nacional de Competencias (CNC) presidido por la Senplades como delegado del Ejecutivo que cuenta, además, con representantes de los municipios, prefecturas y juntas parroquiales, que son quienes se encargan de tomar las decisiones respecto a la distribución de competencias y recursos.

En la Constitución ya se establecen las competencias que debe asumir cada nivel de gobierno. ¿Entonces, la Senplades qué tiempo se propone para transferirlas?

Los primeros lineamientos fija la Constitución que nos dice cuáles son las capacidades que tienen los GAD. Posteriormente, este esfuerzo se plasmó en el Plan Nacional de Descentralización 2012- 2015, cuyo objetivo es organizar el proceso de transferencias. Por lo tanto, las nuevas competencias deberán estar en pleno desarrollo y funcionamiento hasta 2015. Después de este año, y luego de las respectivas evaluaciones, el proceso de descentralización, acorde a lo que dictamina la Constitución, entra en una fase de competencias adicionales y residuales. Así, iniciamos una etapa de transformación del Estado que puede durar largos períodos. Por ejemplo, los países europeos llevan 30 años implementando sus modelos. En el Ecuador, apenas recién hace un año y medio.

El Plan establece facultades que deben asumir los GAD en cada nivel del territorio. Por ejemplo, la potestad del tránsito y transporte la asumen los municipios; la de riego y drenaje, los gobiernos provinciales; mientras que la gestión de la cooperación internacional, le corresponde a todos los segmentos de Gobierno, incluidas las juntas parroquiales rurales.

Por otra parte, se busca que la transferencia de atribuciones sea bajo el principio de la progresividad. Estamos conscientes que no todos los GAD se encuentran en las mismas condiciones de recibir una competencia. En el caso del tránsito y transporte, solo los gobiernos municipales, como el de Quito, Guayaquil y Cuenca, podrían asumirla, pues tienen mayores capacidades desarrolladas.

Cuando se transfieren competencias como la de tránsito y transporte a los GAD, aquello demandará implementar nueva insfraestructura, contratar y capacitar al personal y mejoras tecnológicas, ¿eso desaceleraría el adecuado funcionamiento de este nuevo modelo?

Podría pasar. Sin embargo, partimos de un principio: el momento en que se transfieran a los GAD esas atribuciones, adquieren una corresponsabilidad con el Gobierno Central. Esto, debido a que tienen recursos de sus propios presupuestos conformados por el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de las asignaciones no permanentes del Presupuesto General del Estado (PGE), que deberían servir para financiar sus propias necesidades y nuevas competencias.

Aquí es válido lo que dice la Constitución: el que mejor lo puede hacer lo va hacer. Esto implica mejoras y ahorros, no solo para el Gobierno y el Estado, sino también para el ciudadano, quien no necesita movilizarse mayormente para ser beneficiario de ciertos servicios públicos. Por eso aclaro que el proceso de descentralización no es el que ha hecho perder recursos, sino que esas facultades del Gobierno Central, las asumen los GAD generando un ahorro a las arcas del Estado.

¿La Senplades tiene definida la cantidad de recursos que se entregará a los GAD para que asuman todas las competencias que tienen por ley?

Eso depende de las atribuciones, porque de lo que se trata es de evaluar cuánto el Gobierno Central, históricamente, ha utilizado para el ejercicio de una competencia que tiene su propio costeo. Por ejemplo, en el tema de tránsito se costeó la entrega de 182 millones de dólares (132 millones de recaudación de la tasa de matriculación vehicular por el año 2011, más 50 millones del PGE para inversión). En riego se hizo el mismo procedimiento: se destinaron 23 millones para operación, administración y mantenimiento de los sistemas públicos de riego y 36 millones para proyectos de inversión y construcción de la nueva, infraestructura a escala provincial.

No es que se tienen que sacar más recursos de dónde no hay. De hecho, el sistema de operación desde los órganos actuales, ha significado un importante incremento de los recursos a favor de los GAD.

¿Los 221 cantones que componen el país asumirán independientemente sus competencias o los cantones pequeños tendrán que unirse para operar de mejor manera?

Eso es lo óptimo. La Constitución no hace diferencias, porque de acuerdo a la Carta Magna, una competencia es prestar los servicios de agua potable, tránsito y transporte, etc. Es así, que las mismas atribuciones del Municipio de Quito, tendrá
el Municipio de Aguarico. Pero en la práctica, al implementar el Plan, la Senplades debe analizar las diferencias existentes. Para ello se está impulsando la creación de mancomunidades, donde dos o más cantones, al amparo de la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) se puedan asociar para el ejercicio de una administración, como la de tránsito o del patrimonio cultural.

Lo ideal es motivar e integrar a que eso suceda para que la prestación de los servicios sea mucho más eficiente, e incluso, menos costosa.

¿Cuáles son los riesgos que corren los municipios pequeños al momento de entregarles nuevas competencias?

El primero de ellos es que no estén lo suficientemente capacitados, tanto para asumir, como para manejar los nuevos recursos. Pero este es un tema de responsabilidad entre el Estado y los territorios locales, así como de corresponsabilidad de los propios ciudadanos, de ser partícipes del control social que requiere cualquier autoridad local. Nosotros, como ecuatorianos, necesitamos ver que nuestros alcaldes, prefectos y presidentes de los gobiernos parroquiales rurales, efectivamente cumplan y utilicen los recursos asignados.

¿Cómo se complementa el proceso de descentralización en el marco del proyecto “El Estado a tu lado”, que plantea un nuevo ordenamiento territorial a través de zonas, circuitos y distritos?

El proceso de distritos y circuitos le permite al Gobierno Central aterrizar en los territorios con servicios de salud, educación, seguridad, entre otros. A eso lo llamamos desconcentración, mientras que los GAD, a través de la descentralización, llegan con los servicios de alcantarillado, agua potable o riego.

Entonces, vemos que la descentralización y la desconcentración son dos instrumentos y no un fin en sí mismo. Son un medio para alcanzar un objetivo mayor: acercar al Estado al territorio con servicios y recursos acorde a las necesidades propias de cada localidad.