Los informes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura son contundentes. Revelan que la cifra de víctimas directas de violaciones de derechos humanos en Chile entre 1973 y 1998 asciende a 35.000 personas, de las cuales 28.000 fueron torturadas, 3.197 muertas y de esta cantidad se desprende un número de 2.095 que habrían sido ejecutadas extrajudicialmente y 1.102 desaparecidas; además de unos 200.000 ciudadanos exiliados y un número no determinado, de entre cientos de miles, que pasaron por centros clandestinos e ilegales de detención.

Entre las víctimas no solo había chilenos, también gente de otras nacionalidades, entre ellas ecuatorianos. Estas violaciones a los derechos humanos se registraron durante la dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte, que desde el 11 de septiembre de 1973 a 1998 gobernó Chile bajo un régimen de facto.

Tras su salida del poder, Pinochet  se trasladó en septiembre de 1998 a Londres, Inglaterra, para practicarse una operación de hernia discal, que coincidió con el tiempo en que el juez español Baltasar Garzón inició un proceso en contra del militar trasandino, que en ese tiempo era senador vitalicio de Chile.

Garzón se amparó en el principio de jurisdicción universal y se apoyó en las 94 denuncias de tortura de ciudadanos españoles, el asesinato en 1975 del diplomático español Carmelo Soria, otras muertes y la conspiración para cometer todo tipo de atropellos y violaciones.

El 16 de octubre de 1998, el juez ordenó la detención preventiva de Pinochet en Londres por el asesinato de ciudadanos españoles en Chile. Pinochet fue detenido en una clínica, una vez que Scotland Yard recibió un escrito del juez de la Audiencia Nacional, que solicitaba interrogarlo por delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas. Garzón complementó su acción con una orden de embargo de posibles cuentas del exdictador en Suiza, Luxemburgo y otros países. Cinco días después, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales reconoció que Pinochet “tiene derecho a la inmunidad soberana como exjefe de Estado” y acordó su libertad condicional bajo custodia.

Devastado por la decisión británica, Garzón esgrimió otro recurso: pidió al Gobierno ibérico que solicite al Reino Unido la extradición de Pinochet para juzgarlo en España. El fallo del Tribunal Superior fue revocado por jueces-lores que acuerdan que Pinochet carece de inmunidad en los delitos contra la humanidad que se le imputan, posteriormente el pleno de la Cámara de los Lores dejó sin efecto el fallo debido a la vinculación de uno de los jueces-lores con Amnistía Internacional.

En América del Sur, en noviembre de 1999, el juez chileno Juan Guzmán instruyó 49 querellas por homicidios, torturas y desapariciones presentadas contra el exdictador, de las cuales 32 fueron admitidas al trámite por el magistrado. La primera se presentó en enero de 1998 y la última en octubre de ese año. Dos meses más tarde ya había casi 100 nuevas acusaciones. Otra historia comenzó en suelo chileno.

Cuando Augusto Pinochet regresó a Santiago de Chile el 3 de marzo de 2000, las víctimas de la dictadura ya habían interpuesto 60 demandas en su contra. A pesar de ello, el exmilitar decía: “Aquí hay otro aire”, al referirse a su país natal. Él permaneció 17 meses en Gran Bretaña.

La alegría del dictador al estar de nuevo en Chile pareció estar ajena al comienzo de un extenso proceso judicial en los tribunales de su país. Tres días después, el juez Guzmán envía a la Corte de Apelaciones el pedido de desafuero del exmilitar, por considerar que había antecedentes para ordenar su detención. En junio de 2000, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve oficialmente, por mayoría, privarlo de fuero parlamentario por existir fundadas sospechas sobre su presunta participación en el caso de 19 secuestros en Calama, Copiapó y Cauquenes.

En julio, la Corte Suprema revisa la apelación al desafuero del senador vitalicio y en agosto, por 14 votos a favor y 6 en contra, el pleno da curso al desafuero y así se abrió el camino judicial para que el exjefe de Estado sea procesado por su responsabilidad en la llamada ‘Caravana de la Muerte’. En noviembre del mismo año, magistrados acuerdan por unanimidad que Pinochet deberá someterse a los exámenes mentales ordenados por el ministro de fuero y también a los peritajes neurológicos que solicitaron los abogados de su defensa.

Reaparece el juez Juan Guzmán y somete a Pinochet a un proceso como autor de 18 secuestros calificados y 57 homicidios del caso ‘Caravana de la Muerte’, a pesar de un recurso de amparo de su defensa, que finalmente lo acepta la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, que además anuló la declaratoria de reo del acusado y acoge el recurso de amparo.

Después la Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la anulación del procesamiento, pero ordena al juez Guzmán que lo interrogue. La llegada del nuevo año coincide con exámenes de laboratorio y neurológicos y peritajes de salud al senador vitalicio. Resultado: Pinochet sufre de una demencia vascular subcortical.

El exdictador declaró y negó ser el responsable de ordenar las ejecuciones enmarcadas en el recorrido de la nefasta caravana militar. Después el magistrado dispone su detención preventiva en su domicilio de La Dehesa, posteriormente, le concede la libertad bajo fianza.

Luego se agrava la salud de Pinochet que impide cumplir acciones legales. El 9 de julio, por dos votos contra uno, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, decidió sobreseer temporalmente, por razones de salud, al exmilitar que está en un estado de incapacidad mental como consecuencia de la cual no se encuentra en condiciones de juzgabilidad, no de imputabilidad. La decisión no es apelable. Pinochet murió en 2006, sin que se le hubiese juzgado nunca, ya existían más de 400 querellas, en particular por desapariciones forzadas, torturas, secuestros de niños y homicidios agravados. (I)