La Fiscalía General del Estado investiga 136 relatos publicados por la Comisión de la Verdad, conformada por el Ejecutivo el 3 de mayo de 2007.

Previamente se tuvo que crear una teoría jurídica para abordar los casos; algunos de ellos tenían sentencia por parte de jueces policiales por el delito de afectación a la institución y legítima defensa, pero la ejecución de personas no fue juzgada, a decir de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado.

Chiriboga, explica que la parte involucrada alegó que la sentencia absolvió a los implicados y era cosa juzgada, “por lo que pedimos, de acuerdo a los estándares internacionales, analizar si la sentencia fue o no fraudulenta. Los jueces concluyeron que sí era fraudulenta”.

La ejecución extrajudicial no existía como tipo penal en la legislación, pero la Fiscalía argumentó que se produjeron asesinatos, sancionados en la normativa internacional como delitos desde 1945, por lo que existe el principio de legalidad.

Ante la negativa a proveer información, la investigación avanzó de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad. “Todos los procesos han sido llevados con sustento probatorio, doctrina jurídica y solvencia técnica suficiente, respetando el derecho de los procesados, pero también de las víctimas”.

Aclaró que “esta situación no puede convertirse -como no lo es- en una cuestión política, sino que  el  país tiene que saber la verdad, y los jueces al aplicar las leyes encontrar responsables o ratificar la inocencia”.

El director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, recordó que como estos casos sucedieron hace mucho tiempo, “los testigos pueden haberse olvidado de los detalles, o fallecido, y muchos de ellos se fueron del país, además hay gente que activamente se opone a que encontremos la verdad”. Fueron allanadas dependencias policiales. “Hemos incautado más de medio millón de documentos. Al igual que en Paraguay, tenemos nuestros propios archivos del terror”.

Delitos de lesa humanidad

Según los testimonios e investigaciones que constan en el informe de la Comisión de la Verdad, las víctimas sufrieron torturas físicas, sexuales y psicológicas; recibieron tratos degradantes e inhumanos.

Estos delitos de lesa humanidad habrían ocurrido como parte de la represión estatal (1984-1988), durante el gobierno de León Febres-Cordero.

Los crímenes de lesa humanidad son ataques sistemáticos, donde hay  metodología, planificación y una política estatal para cometer ataques contra la población civil, dice Jaramillo.

El primer caso es el ocurrido con Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín. Según el informe son dos casos separados, pero como sucedió en el mismo momento se los cataloga como uno solo judicializado.

La muerte del exlíder del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), Arturo Jarrín, en octubre de 1986, fue judicializada como un crimen de lesa humanidad, ya que, supuestamente, durante su detención hubo tortura y luego ejecución extrajudicial. Este suceso está en pleno proceso y no concluye la instrucción fiscal.

En el caso ‘González y otros’, se pudo comprobar que ocho personas fueron ejecutadas con tiros de gracia en la nuca, cuando se encontraban boca abajo en el suelo, desarmadas. Y en este mismo tema también se investigan varias desapariciones.

Violación a derechos humanos

Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos no son cometidas en un contexto sistemático y de metodología. El primer proceso es el de José Luis Lema, en el que se denunció un abuso policial “gravísimo, imperdonable e imprescriptible”.

El 14 de diciembre de 2015, cuatro exagentes de la Policía fueron declarados culpables por su participación en el delito de tortura, como grave violación a los derechos humanos, contra cinco personas en 1998.

Amada Suárez, madre de Juan Fernando Hermosa, el ‘Niño del Terror’, de pobreza extrema, “vivía zurciendo medias y padecía sordera; le propinaron 20 tiros y nadie dijo nada”.

Según las investigaciones, se trató de una ejecución extrajudicial, el 16 de enero de 1992.

Benito Bonilla, de 26 años, recibió un impacto de bala por la espalda la madrugada del 23 de septiembre de 2006. Junto con su familia, asistió a un concierto en la plaza central de la parroquia Daniel Córdova, del cantón Gualaceo, Azuay.

El mismo oficial que dirigió el operativo policial donde fue ejecutado Damián Peña, realizó la investigación. Tras una dura pelea judicial, en primera y segunda instancia, se reconoció en casación el derecho a la verdad de la víctima, su madre Sonia Bonilla, por ello la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispuso una nueva investigación.

Galo Chiriboga concluirá su periodo el 19 de julio de 2017, por ello el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  (CPCCS) inició la fase de designación del nuevo fiscal. “El proceso concluirá en junio de 2017. Estamos dentro del plazo, para que cuando el Fiscal cumpla su período exista una autoridad que lo reemplace”, aseguró la titular del (CPCCS), Raquel González. (I)

DATOS

El Ejecutivo creó el 3 de mayo de 2007 la Comisión de la Verdad para investigar los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos.

La Comisión de la Verdad, creada por la Fiscalía, investiga 136 casos de delitos de lesa humanidad.

Galo Chiriboga fue designado para un periodo de seis años, que concluye el 19 de julio de 2017.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social inició el proceso para designar al nuevo Fiscal.