Ante casi un millar de personas, Paola Valenzuela habló sobre cómo con un rápido peritaje se aclaró su inocencia en un caso en el que fue involucrada. Se refirió a la eficacia del sistema judicial ecuatoriano y explicó cómo se dio el proceso para quedar absuelta de toda culpa en un delito en el que fue involucrada ilegalmente. “Doy fe de que hay un estado real de derecho y de justicia”.

La ciudadana fue parte del evento de rendición de cuentas del período 2016 del Consejo de la Judicatura (CJ), que se realizó en Montecristi, en el Centro Cívico Ciudad Alfaro.

Gustavo Jalkh, presidente del CJ, destacó que el fraude procesal de Valenzuela se resolvió gracias a que la escucharon por las nuevas reformas. “Tuvo 28 días encerrada hasta que se aclaró el tema con derecho a la defensa”, dijo el funcionario.

Reina Barahona, en representación de la Asociación de Mujeres Santa Martha de Manabí, también se refirió a la gestión de la entidad judicial. “El trabajo que se ha hecho en estos años es notable en beneficio de la ciudadanía. La justicia siempre sale a la luz”.

Con respecto a los logros alcanzados en estos últimos años, Jalkh se refirió a la ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial.

Para esto, habló de 5 objetivos que la entidad busca alcanzar: asegurar la transparencia y la calidad en el servicio de justicia; promover el óptimo acceso a la justicia; impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios; institucionalizar la meritocracia; y combatir la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana.

“El plan estratégico nuestro tiene una particularidad, es una política pública participativa entre el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Fiscalía, Corte Nacional y Defensoría Pública. Así creamos hace cuatro años un espacio llamado Mesa de Justicia y ya tenemos indicadores medibles de exactamente en qué punto estamos”.

El funcionario añadió: “Este documento se ha convertido en referencia nacional e internacional y está diseñado en función de lo que la ciudadanía ha reclamado: que debe ser un sistema de justicia efectivo, eficiente y que deba atender con rapidez”.

Con respecto al acceso a la justicia, destacó que este se da en el territorio nacional. “En 2008 teníamos 5 jueces por cada 100.000 habitantes y el promedio latinoamericano son 11. En 2012, con una política de Estado modernizamos la justicia. En la actualidad tenemos 12,4 jueces por 100.000 habitantes y esta tasa seguirá subiendo”.

También se refirió que en 2006 había 5 fiscales y 4 defensores públicos por cada 100.000 habitantes. “Hoy tenemos 733 defensores públicos a nivel nacional y hemos crecido en número de fiscales (849)”. 

En materia penal -explicó- el proceso directo ha permitido una mayor eficiencia judicial. El año pasado ingresaron 118.759 juicios penales, de los cuales 78.390 fueron por delitos flagrantes (65,8%) y 37.029 (47%) se resolvieron por procedimientos especiales. 

“Esto ha permitido mayor celeridad, con la certeza de que se lucha efectivamente contra la impunidad y ahorro público. Se logró hacer que los tribunales penales se descongestionen el 40% a nivel nacional y se dediquen a los temas complejos. Ha significado un ahorro público de
$ 181 millones en tiempo efectivo de trabajo; además, revaloriza al juez de garantías penales”.

Otro de los ámbitos en los que el CJ trabajó en 2016 fue en erradicar las audiencias fallidas. “Ahora son sagradas, coordinadas. Las videoaudiencias permitieron bajar los traslados de 30% a 0,4%. Todo esto significó un ahorro público en $ 90 millones. Solo evitar el traslado de detenidos fue un ahorro de $ 4 millones”. (I)