A pesar de que son constantes las denuncias presentadas en la Fiscalía de Pichincha en contra de la inmobiliaria Unión Constructora por presunta estafa, son desestimadas. Esto obedece a una cláusula legal que reposa en los contratos de reserva de las viviendas, que fueron firmados, sin haberlo notado, por los perjudicados.  

En el numeral 6 de los contratos se especifica que “para efectos de juzgamiento de controversias entre las partes contratantes, el prominente comprador se acogerá al domicilio de Unión Constructora o a un tribunal de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Quito y a los jueces de lo Civil de Pichincha para ser juzgados en equidad”.

En la Fiscalía de Pichincha los funcionarios explican que esta cláusula impide que se pueda iniciar cualquier acción penal en contra de la empresa o su gerente Javier Pachacama Pérez,  es decir, no es posible iniciar  una indagación previa para investigar los supuestos casos de estafa en la compra de viviendas desde hace 5 años.

La única posibilidad que tienen los perjudicados por la inmobiliaria es acercarse a los juzgados civiles o pedir algún tipo de mediación que los ayude a recuperar el dinero invertido. Sin embargo, las autoridades recalcan que es difícil que los afectados recuperen la totalidad de la inversión, pues en la mediación se establecerán porcentajes que se logren acordar entre las partes.  

Autoridades señalan que con regularidad existen casos en que las personas no son cuidadosas al momento de leer un documento antes de firmarlo y recién cuando interponen una denuncia se enteran de lo que conlleva. En los últimos 2 meses Fernando Méndez, funcionario de la Fiscalía, ha recibido un promedio de 35 denuncias en contra de Uniconstuct S.A. - Unión Constructora.

Algunas de las personas que dicen sentirse perjudicadas llevaron las copias de los cheques sin fondos que les entregó por más de una ocasión Unión Constructora. Es el caso de Marcela Q (prefiere la confidencialidad del apellido), quien el 16 de diciembre de 2012 solicitó a la empresa la devolución de 5 mil dólares que pagó por la reserva de una vivienda. Le explicaron que eso constituye también un delito de estafa, por el cual sí podría iniciar una acción penal, ya que no existe para ello ningún impedimento legal en el documento.

Otra de las irregularidades en el accionar de la constructora recae en la legalización de los contratos de compra y venta. El protocolo necesario para notarizar y legalizar un documento es que las partes se acerquen a realizar el reconocimiento de las firmas, lo que no sucedió con ninguno de los clientes.  

Perjudicados que ayer se acercaron a denunciar la presunta estafa, indicaron que  los terrenos  en los cuales  la empresa les prometió construir sus casas, ni siquiera son de propiedad de la inmobiliaria y además tienen impedimentos de construcción por diversas ordenanzas municipales. Los supuestos afectados indican que debido a las facilidades que les daban, optaron por pagar lo correspondiente a la entrada de dos casas.

Los perjudicados señalan que la respuesta que han recibido por parte de  Pachacama es que los proyectos son “a largo plazo” y por eso aún no se adquieren los terrenos en los que se promocionan las construcciones habitacionales.  

Uno de los clientes perjudicados, que se desempeña como policía, señaló que pagó cuotas  hasta completar 15 mil dólares, hace más de un año. En los casos en los que las viviendas fueron entregadas, los compradores denunciaron que no cuentan con servicios básicos como alcantarillado y que están recibiendo maltrato por parte de los trabajadores de la inmobiliaria y de los guardaespaldas de Pachacama.

En el 2012 Unión Constructora negoció con dos clubes deportivos el pautaje de publicidad; sin embargo, directivos de ambos equipos señalaron que la empresa no cumplió con los pagos acordados.

Tanto la empresa como su gerente  tienen denuncias por insolvencia e infracciones a la ley del consumidor. Muchas de las personas perjudicadas reciben sueldos no mayores a 400 dólares, de los cuales pagan cuotas de 250, lo que les deja apenas 150 dólares para sufragar gastos de alimentación, pago de servicios básicos, arriendos, etc.