Hace 4 años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) difundió un listado de más de 70 personas e instituciones vinculadas a organizaciones del narcotráfico como el cártel de Sinaloa, a través de las cuales se lavaba dinero.

En ese informe se menciona 10 representantes de empresas farmacéuticas que tienen sus negocios localizados en Ecuador.

En Quito, Ambato, Cayambe se concentrarían los negocios de los representantes legales, que constan en el listado ‘Narcotraficantes Especialmente Designados’ (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Ellos tendrían locales en Miami, Colombia y Perú.

Según la OFAC, Jorge Milton Cifuentes Villa, un colombiano nativo que también tiene ciudadanía mexicana, lidera una organización de narcotráfico con operaciones en Colombia, México, Ecuador, Panamá y España, que está estrechamente aliada con el cártel de Sinaloa.

Es decir Cifuentes Villa sería aliado del mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, quien se fugó del penal de El Antiplano en México.

Guzmán Loera y el cártel de Sinaloa fueron identificados como narcotraficantes extranjeros significativos, conforme a la Ley Kingpin en 2001 y 2009.

En noviembre de 2010 Cifuentes Villa y Guzmán Loera fueron acusados de tráfico de drogas y blanqueo de cargos en la Corte de Districto de Estados Unidos para el distrito sur de Florida.

Cifuentes Villa también sería propietario o controlaría 15 empresas que operan en Colombia, México y Ecuador.

Esta compañías abarcarían una variedad de sectores que van desde Línea Aérea Pueblos Amazónicos S.A.S., recientemente en el este de Colombia; Red Mundial Inmobiliaria S.A. de C.V., ubicada cerca de México; y Gestores del Ecuador Gestorum S.A., empresa consultora situada en Quito, Ecuador, señala la información estadounidense.

La OFAC trabajó de cerca con la DEA y el servicio de impuestos internos - División de Investigaciones Criminales- en esta investigación.

Esta acción, indica, forma parte de esfuerzos conforme a la Ley Kingpin para aplicar medidas financieras contra los traficantes de narcóticos extranjeros importantes en el mundo.

Internacionalmente, más de 1.000 personas y entidades vinculadas a narcotraficantes nombrados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han sido designados conforme a la Ley Kingpin desde junio de 2000, concluye la OFAC.

Vinculados al cártel de Sinaloa

En octubre de 2014, el portal de noticias RíoDoce.mx publicó una información que se refería al empresario Luis Ignacio Muñoz Orozco, quien presidió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo acusó como “uno de los principales lavadores de dinero del cártel de Sinaloa”.

También informaba que por 2 años el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Usdoj, por sus siglas en inglés), la DEA y el FBI investigaron una red de lavado de dinero que implicaría a la empresa mexicana María Ferré, propiedad de Muñoz Orozco, a quien la prensa internacional habría identificado como posible asesora del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

El 10 de septiembre de 2014, agentes de la DEA y el FBI, en el operativo ‘Fashion Police’, en Los Ángeles, confiscaron $ 65 millones, detuvieron a 9 personas y se ordenó la captura de Muñoz Orozco.

En el informe CR-14-00372 de la Corte del Distrito Central de California se detalla que la operación encubierta arrancó en octubre de 2012, cuando el cártel de Sinaloa ordenó el secuestro de uno de sus distribuidores estadounidenses por la pérdida de 100 kilogramos de cocaína que la DEA incautó en otro operativo.

Prófugo y recompensa

El cártel de Sinaloa, que siempre lo presidió ‘El Chapo’ Guzmán, mantiene su poderío en el tráfico de drogas, ahora que su líder está libre, y por quien hay una millonaria recompensa.

La Procuraduría General de la República (PGR) mexicana ha ofrecido una recompensa de 60 millones de pesos ($ 3,8 millones) para la persona que dé información sobre el paradero del narcotraficante ‘El Chapo’ Guzmán, el doble de lo que había prometido la vez anterior que se fugó en 2001.

La titular de la PGR, Arely Gómez, justificó el aumento de la recompensa “por tratarse de una persona que ha evadido en dos ocasiones el sistema penitenciario y dado que representa una amenaza para la seguridad pública”.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo que fueron destituidos 3 funcionarios, ya que por las características de la fuga, ‘El Chapo’ tuvo ayuda de personal del centro del Altiplano. (I)