La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), presidida por la jueza Elizabeth Odio Benito anunció que a mediados de 2021 se podrá conocer una sentencia por el caso de desaparición de Luis Eduardo Guachalá.

Ese anuncio se conoció luego de que culminara la audiencia en donde se escucharon los testimonios, interrogatorios y alegatos de la familia de Guachalá Chimbo contra el Estado ecuatoriano.

La jueza de la Corte IDH solicitó a las partes que envíen sus alegatos escritos hasta el 5 de enero de 2021, como fecha impostergable. Y recordó que de darse una sentencia favorable es de carácter obligatoria para el Estado.

El caso versa sobre la desaparición de Luis Eduardo (23 años) quien desapareció cuando estaba internado en el Hospital Julio Endara, sector de Conocoto (Pichincha).

La relatora Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó el caso ante la Corte IDH.

Señaló que el informe de fondo emitido por la CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, igualdad y no discriminación, salud de Luis Eduardo.

Según informa información difundida por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Zoila Chimbo, madre del joven desparecido, narró ante la Corte que en el Hospital Julio Endara, donde lo internó, le respondieron que "estaba haciendo una tormenta con agua un vaso", que otras familiares estaban felices cuando se pierde un familiar en esas condiciones.

"Él era mi sangre, mi hijo. Yo voy a seguir buscándolo hasta que se me cierren los ojos. Voy a seguir", expresó.

Mario Melo, abogado de la familia Guachalá, rechazó que el Estado coloque la responsabilidad de la desaparición en la familia y aclaró que ninguna autoridad del Hospital se comunicó con la madre de Luis Eduardo, para comunicarle de la desaparición de su hijo.

Dijo que la progenitora se enteró del hecho, el 18 de enero de 2004 cuando fue a visitar a su hijo y no lo encontró.

Pamela Chiriboga, abogada del caso, explicó que informe psicológico de doña Zoila sobre la desaparición de Luis Eduardo concluyó que el padecimiento psíquico más relevante en la vida de doña Zoila Chimbo fue la desaparición de su hijo, puesto que doña Zoila vive y actualiza su sufrimiento cada día de su vida que no encuentra a Luis Eduardo.

Y esta situación se empeora con trato diferenciado y discriminatorio, por parte de las autoridades, que vive por sus condiciones socio-económicas cuando exige verdad y justicia en el proceso judicial.
En sentido, la defensa de Luis Eduardo, solicitó las siguientes medidas de reparación:

Medidas de restitución: que el Estado emprenda una búsqueda, a través de todos los medios disponibles, del destino o paradero de Luis Eduardo Guachalá Chimbo o de sus restos mortales.

Asimismo, investigación y sanción de responsables por las violaciones de derechos humanos
Medidas de rehabilitación: atención médica y psicológica a los familiares que de Luis Eduardo Guachalá y específicamente para la doña Zoila.

Medidas de satisfacción: acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado.

Disculpas públicas dirigidas a los familiares, difundidas a través de medios de comunicación, por parte de las autoridades del hospital y que se renombre a la casa de salud como “Luis Eduardo Guachalá”. 

Como garantías de no repetición, solicitó que Ecuador elabore un instrumento jurídico específico para investigación, búsqueda y localización de casos de desapariciones ocurridas en instituciones públicas, que se capacite en materia de Derechos Humanos a personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones y Secuestros (Dinased), Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Derechos Humanos y otras instituciones públicas.

Defensa del Estado ecuatoriano
El Estado ecuatoriano, de su lado, presentó a la médica psiquiátrica, Claudia Estefanía Chávez Ledesma, quien habló sobre el tratamiento psiquiátrico y la evaluación científica aplicada a Luis Eduardo en sus dos internamientos.

La doctora enfatizó su intervención en el carácter ambulatorio del paciente, el alta por voluntad propia y la medicación adecuada para Luis Eduardo.

Entre otros alegatos, el Estado señaló que la familia tenía información constante sobre el estado de salud de Luis Eduardo, que el Hospital Julio Endara no era un centro de internamiento obligatorio; y que el caso no es una desaparición forzada, porque nunca hubo privación de libertad, señaló María Fernanda Álvarez, una de las integrantes de la delegación de Estado ecuatoriano.

Otros casos de desaparición
David Cordero Heredia, también abogado defensor de la familia Guachalá, dijo que en este caso se cumplen los tres elementos de la desaparición forzada como son la privación de la libertad; la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos; y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.

Además, informó que las desapariciones en entidad de salud no son una práctica aislada y que según datos de la Fiscalía General del Estado, hasta el momento se han registrado de 334 casos de personas desaparecidas, varias ocurrieron en hospitales (144); centros y sub centros de salud (104); clínicas (60); farmacias (11); dispensarios médicos (7); laboratorios clínico (4) y puestos de salud (4). (I)