Tras el dictamen del Tribunal Segundo de Garantías Penales, en el que se declaró culpables al ex coronel Rolando Tapia y a  cinco policías más  por  el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado, se conoce  que la pena para Tapia es de tres años, mientras que Mario Flórez cumplirá 18 meses por cómplice y Patricio Simáncas, Marco Tibán, Francisco Noboa y Carlos Tasichana  pagarán la pena de 1 año.

No obstante, después de recibir un escrito  por parte de Víctor Hugo Cevallos, abogado de Tapia, Benjamín Cevallos Solórzano, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), sancionó con noventa días y derecho a remuneración a Renato Vázquez, presidente del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, y a Luis Manosalvas Sandoval, juez del mismo tribunal. También ordenó la apertura de un sumario disciplinario para el abogado Xavier Andrade, para sanciones posteriores.

Esto debido a una demanda presentada por   el abogado de Tapia, quien  acusó a los abogados mencionados de actuar fuera de la ley, al elegir arbitrariamente a un abogado para  que   ejerza de juez en el juicio que se siguió en contra del ex jefe de la escolta legislativa y seis policías más, por los actos del 30 de septiembre  en la Asamblea Nacional.

El titular del CJ afirmó que pedirá la nulidad del juicio en contra de Tapia en  la Corte Nacional de Justicia por las irregularidades.

Según el escrito, Renato Vázquez  convoca al abogado Xavier Andrade a formar parte del Tribunal Segundo como juez  (ad hoc), lo que quiere decir que no puede actuar          como    juez principal. Sin embargo,  Vázquez le aclaró que será posesionado debidamente en los próximos días. Cevallos afirmó que no hay constancia alguna de este hecho.

Ayer Víctor  Cevallos llegó a la Asamblea Nacional en compañía de la asambleísta Lourdes Tibán  y de los representantes legales de los otros cinco policías. Ahí,  los abogados explicaron que debido a la actuación de los jueces en el juicio de los policías implicados en la revuelta policial, prácticamente todo queda en el limbo judicial.

A partir del lunes 20 de junio, los jueces iniciaron la diligencia penal   que concluyó el martes 28 de junio, en horas de la madrugada, y en  la que se condenó a los seis gendarmes acusados. Sin embargo, en la Dirección Nacional de Pichincha del Consejo de la Judicatura la doctora Manuela Sánchez, jefa de personal, ratificó que no hay constancia de  que el abogado  Andrade  haya sido asignado como juez temporal y actúe  en el proceso judicial de  Tapia.

Andrade tampoco consta en la lista de posibles jueces temporales. Debido a esto, Cevallos explicó,   su actuación durante el juicio no fue legal ni legítima dentro de las normas y leyes que rigen los organismos penales, al no ser considerado como juez, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial.

La Constitución señala que los miembros del CJ deben dirigir los procesos de selección de jueces  y demás servidores de la Función Judicial. También  debe ser supervisada, así como su evaluación, ascenso y sanción.

Por otro lado, en el Código Orgánico de la Función Judicial se menciona que todo ingreso de las personas a este organismo se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto  a impugnaciones, lo que consta, se aplica tanto a jueces temporales como a   titulares.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero,    se pronunció acerca de lo sucedido y explicó que este caso debe ser resuelto por la justicia, ya que es   la única autoridad para sancionar cualquier acto realizado fuera de la ley.