Después de la sanción impuesta  a los miembros del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha, por parte del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, el vocal de ese organismo, Ulpiano Salazar, explicó que si la sentencia contra los uniformados involucrados en los hechos del 30-S fue notificada antes de la suspensión a los jueces del Segundo Tribunal de Garantías Penales, la primera “debe surtir efecto” y entrar en vigencia.

Así la sentencia es aplicable en contra  del ex coronel Rolando Tapia y   cinco policías más que fueron   declarados culpables por  el delito de atentado contra la seguridad interna del Estado.

Salazar hizo referencia a la    sanción de noventa días y derecho a remuneración impuesta a Renato Vázquez, presidente del tribunal,  y a Luis Manosalvas Sandoval, miembro   del mismo despacho, por designar al abogado Xavier Andrade como juez ad hoc    de  la judicatura.

Comentó -en una entrevista con Ecuador TV- que la resolución les “tomó por sorpresa” y aclaró que si la sentencia emitida contra  los sentenciados fue ya notificada, esta “debe surtir efecto”, ya que la suspensión a los jueces se suscitó después. “La suspensión entra en vigencia a partir de que es notificada a los jueces y este hecho se produjo después de que los abogados conocieran la sentencia que determinó tres años de cárcel para Tapia y entre un año ocho meses y un año para los demás involucrados”.

El vocal del CJ aclaró que si la intención de la defensa es solicitar la nulidad de la sentencia, este pedido deberá ser procesado a través de un tribunal superior.

Para Gustavo Donoso, secretario ejecutivo del CJ, aún es difícil adelantar cualquier criterio sobre el tema. “Si es que la actuación (de  los jueces) ha sido ilegal evidentemente puede repercutir con la sentencia”.    

Ayer en la mañana Víctor Hugo Cevallos, abogado del ex coronel Rolando Tapia, calificó  a la resolución de la entidad como  correcta al sancionar por incumplimiento de la ley a los jueces.

Se refirió al supuesto problema entre las horas de notificación y las de sanción, a lo que Cevallos dijo que en ese sentido  no hay ningún problema, no afecta en nada a  los recursos de apelación  que se   usarán.  “Los jueces están sancionados y la sentencia no se acepta”. Ayer en la tarde el abogado   se reunió  con   los demás representantes legales de los otros  policías  para delinear las acciones legales que tomarán para  apelar a las sentencias.

Citó que si Andrade está facultado para ejercer la magistratura, entonces que muestre la documentación necesaria en la que se haya presentado a concurso de  oposición y méritos, requisito necesario para ser juez de un tribunal.
Cevallos también habló acerca de la nulidad del juicio que se presentará en la Corte Provincial de Justicia, y mencionó que los miembros del Tribunal Segundo  siguen cometiendo desacatos a la ley, ya que el   jueves  al momento de notificarles su sanción, los tres jueces no se encontraban en sus oficinas  respectivas.

Dijo  que se  pedirá a la secretaria del  CJ que se certifique desde donde emitieron la sentencia los jueces Renato Vázquez, Luis Manosalvas y Xavier Andrade, ya que no se   hizo desde el tribunal   a pesar de que en  el Código Orgánico de la Función Judicial  se menciona que todo juez debe emitir la sentencia de los acusados a las partes procesales desde su sitio de trabajo.