El delito vinculado con la trata de personas reporta un alto nivel de impunidad en el país. De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, de los 115 casos detectados el año pasado, solo a 4 emitieron dictamen acusatorio en contra de los supuestos autores de los actos ilícitos, situación que ha generado pocas sentencias condenatorias.

Tania Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Transnacionales y Crimen Organizado, indicó que lo importante con respecto a este delito hay dos elementos fundamentales que se necesitan probar, estos son la materialidad y la responsabilidad. “En muchos de los casos se obtiene la materialidad, esto corresponde a la prueba  de  que una persona fuera violada sexualmente, sin embargo por diversas razones, no se puede determinar a las personas responsables de ese ultraje”, detalló.

Señaló que las denuncias no son hechas por las víctimas, sino por terceras personas o son descubiertas en operativos. Y es por ello que las investigaciones que inicia la Fiscalía son por oficio.

Moreno explicó que en ciertos casos deben basarse únicamente en el testimonio de las víctimas, lo que muchas   veces no es suficiente. Explicó que si bien es cierto que hay elementos de investigación, la Fiscalía debe encargarse de aportar las pruebas suficientes a los tribunales para que haya una certeza del delito y los responsables.

Para lograr detectar este fenómeno, las direcciones Regionales de Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales dispusieron que se inspeccionen varios sitios considerados vulnerables. Así, durante el período 2010, se logró rescatar a 185 menores de edad en hogares, 81 en camales y 76 en supermercados.

Mientras que el año pasado las inspecciones se desplegaron a los botaderos de basura, medida que permitió detectar en 78 cantones del país actos relacionados con la explotación infantil laboral.    

Mediante un taller -realizado desde el martes en Guayaquil- delegados de entidades de control gubernamental analizan este fenómeno para coordinar una respuesta inmediata a las víctimas, explicó Doris Moreno, coordinadora de la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior.    

En el encuentro se determinó que el impacto de este delito se concentra mayormente con actos de explotación  laboral, sexual, utilización menores en hechos delictivos y mendicidad, acotó.

Esta última, según las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, evidencia mayor escala en la Región Sierra, que representa un 57% frente al 43% de la Costa. En relación al número de personas afectadas, las cifras revelan que hubo 4.228 víctimas el año pasado. En 2010 se registraron 8.200.

Gentiana Susay, consultora internacional, manifestó que este delito mueve millonarias sumas de dinero a favor de las mafias dedicadas a esta actividad ilícita. “De lo que no se les paga a las víctimas, los tratantes ganan unos 20 millones de dólares al año”, acotó. “Aquí no estamos hablando solo de ecuatorianos, sino peruanos, colombianos y de otras nacionalidades. En muchos casos los invitan a trabajar y ahí es donde se encuentran en situaciones de explotación o trata”.