Dos testigos protegidos rindieron su testimonio anticipado dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía para determinar responsabilidades penales en torno a la muerte de Arturo Jarrín, exintegrante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), registrada en octubre de 1986. 

La diligencia se realizó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante el fiscal general Galo Chiriboga y la jueza nacional Silvia Sánchez.

Uno de los testigos reveló que Eduardo Z., entonces agente de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) y responsable de traer a Arturo Jarrín desde Panamá, amenazó con un arma de dotación al piloto de la aeroambulancia. Este se habría negado a conducirlos a Ecuador, porque habría considerado que se trasladaba a una persona secuestrada.

Jarrín fue detenido en Panamá por agentes de inteligencia de ese país, con órdenes del entonces presidente panameño, Manuel Antonio Noriega, y posteriormente entregado a miembros de la Policía ecuatoriana.

El testigo protegido dijo que Arturo Jarrín fue recibido en la Base de la Fuerza Aérea de Quito por el entonces ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza; su asesor Gustavo Lemus; el jefe de la UIES, Édgar V., y otros agentes.

Según el testimonio, una caravana de tres vehículos trasladó a Jarrín hasta ‘La Remonta’ en donde funcionaban las caballerizas de la Policía Nacional, en el sector de Tambillo. En este sitio fue interrogado y permaneció custodiado toda la noche. Los agentes dijeron que desconocían en qué circunstancias ocurrió la muerte del detenido.

En aquella época, la Policía Nacional y las autoridades de Gobierno indicaron que Arturo Jarrín falleció durante un enfrentamiento con miembros policiales que patrullaban casualmente por Carcelén, norte de Quito.

Los agentes de dicho patrullero, supuestamente, intentaron detenerlo, pero fueron contestados con disparos. Esta versión fue desvirtuada por otros dos exagentes policiales, que dieron su testimonio anticipado, el jueves 9 de junio. Ellos indicaron que fueron obligados a firmar el parte policial del supuesto enfrentamiento.

Durante la diligencia realizada este miércoles, el testigo protegido relató que él fue parte de un grupo antisubversivo creado en la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno de esa época. Y que, posteriormente, junto con miembros del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-P), integraron lo que se conoció como SIC-10. Años después, este fue denominado Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Este testigo protegido mencionó, además, que los exagentes de la UIES recibieron entrenamiento subversivo en el Batallón de Inteligencia Militar (BIM), que funcionaba en el cuartel Epiclachima (sur de Quito). Este adiestramiento fue con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos.

Según el testigo protegido, la UIES utilizaba informantes para obtener información de los miembros de grupos subversivos, a cambio de dinero. Dichos informantes estaban infiltrados en las universidades, organizaciones sindicales, centros de detención y en grupos como AVC.

Uno de estos informantes era Fabián M., exintegrante de AVC, que se encontraba detenido en el exPenal García Moreno, de Quito.

DATOS

La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, formuló cargos el 28 de abril del 2016.

La jueza nacional Sylvia Sánchez dictó prisión preventiva contra 3 personas. Otros 10 procesados están con medidas sustitutivas.

A partir de esa fecha, la Fiscalía tiene 90 días para profundizar su investigación (instrucción fiscal), con el objetivo de recabar pruebas suficientes para solicitar que se llame o no juicio a los procesados. En caso de existir nuevas personas vinculadas al proceso, la investigación puede extenderse por 30 días.

Durante esta fase, la Fiscalía solicitó los testimonios anticipados de 7 testigos protegidos. (I)