Una vez que el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, formuló cargos contra 11 expolicías y 2 civiles en la muerte de Arturo Jarrín, exlíder del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) ocurrida en octubre de 1986, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días.

Ese tiempo tiene la Fiscalía para reunir las pruebas encaminadas a demostrar si los implicados cometieron delitos de lesa humanidad relacionados con detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial.

Concluido el plazo se convocará a audiencia preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la que se determinará a los responsables del delito, así se pasará a la etapa de juicio, cuando los jueces emitirán sentencia en este caso, que se judicializa después de 29 años.

La magistrada Sánchez, en la audiencia efectuada el jueves último, dictó prisión preventiva contra 3 implicados que residen en el exterior: el general en servicio pasivo Holguer S., quien se desempeñó como jefe del Servicio de Investigación Criminal Pichincha (SIC-P), a la fecha de los acontecimientos; Gustavo L., funcionario del Ministerio de Gobierno; y,  Édgar V., excomandante de Policía, -según el fiscal- fue quien planificó y ejecutó la política de ataques sistemáticos contra grupos opositores al gobierno socialcristiano.

Para este último se enviará una petición de extradición a través de la Cancillería e Interpol, pues Édgar V. reside en Nueva Jersey, Estados Unidos.

También este procesado está llamado a juicio en el caso ‘Cajas, Vaca, Jarrín’, por delitos de lesa humanidad, por lo que existe un pedido de extradición pendiente de respuesta por las autoridades estadounidenses. A los otros 10 implicados del caso Jarrín, la jueza impuso la prohibición de salida del país, enajenación de bienes por un monto de $ 50 mil y presentación a la CNJ una vez al mes.

Chiriboga formuló cargos a base de 37 elementos de convicción, entre los que constan versiones, pericias e informes.

Según los testimonios recogidos por la Fiscalía, en abril de 1985 Arturo Jarrín escapó del penal de Quito, donde purgaba una pena por el asalto al Banco del Pacífico. Por 5 meses se ocultó, pero en septiembre de ese año salió del país con rumbo a Ipiales. En octubre pasó a Panamá donde tenía planificado abordar un vuelo hacia Europa, lo que no se cumplió porque fue detenido el 24 de octubre de 1986 por un militar de ese país, que lo entregó al embajador de Ecuador que a su vez notificó a la Policía y lo trajeron de regreso.

La Policía trasladó a Jarrín al cuartel de la Remonta, en el sur de Quito, donde lo habrían torturado y finalmente apareció muerto la noche del 26 de octubre en la zona de Carcelén, en el norte de la urbe.

Según los testimonios de 2 expolicías que ahora son testigos protegidos, Holger S., exjefe del SIC, los obligó a firmar un parte elaborado que indicaba que Jarrín murió durante un enfrentamiento a balazos cuando intentaron detenerlo.

Chiriboga expresó que esa versión se fraguó para justificar el crimen, pero la autopsia determinó que el cuerpo de Jarrín presentaba 8 disparos, 2 de ellos los habría recibido tendido en el piso de arriba hacia abajo. Además su cuerpo registraba múltiples cortes y heridas producidas presuntamente por quemaduras de electricidad y tenía los genitales con cortes.

Luis Dueñas, abogado de Édgar V. y otros 2 implicados, dijo que este caso es político, pues acusan a sus clientes de cometer delitos que no estaban tipificados en el Código Penal de esa época y que por el tiempo transcurrido ya prescribieron.

El director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, manifestó que se presentó como prueba un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés), que registró el caso de la muerte de Jarrín. “Aunque este informe no se elaboró en el tiempo que ocurrieron los hechos, demuestra que la versión del enfrentamiento es falsa”.

“Las evidencias que presentó el fiscal señalan que hubo un asesinato extrajudicial y los responsables fueron miembros de la Policía”, expresó Edwin Jarrín, uno de los 4 hermanos de la víctima, que asistieron a la audiencia. Ha sido una lucha de 30 años para llegar a este punto.

“La injusticia sufrida todo este tiempo nos motivó a demostrar la verdad de lo que pasó con mi hermano”, manifestó Jarrín. (I)

DATOS

En abril de 1985 Arturo Jarrín se fugó del penal de Quito, con otros 4 miembros de AVC, que purgaba una pena por el robo al Banco del Pacífico. En septiembre de 1986 salió a Ipiales y de allí a Panamá, donde fue capturado el 24 de octubre, 2 días después apareció baleado en Carcelén. La versión oficial fue que hubo enfrentamiento armado cuando intentaron detenerlo.

De los 13 procesados 11 son policías en servicio pasivo: Luis S., excomandante de la Policía; Galo Z., exdirector de Investigaciones de la Policía; Édgar V., exjefe de la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales); Holger S., jefe del SICP; Luis M., capitán de Policía; Marco P., oficial del SIC-P; Jorge R., coronel de Policía; Alberto R., coronel de Policía; Wilson Z., suboficial segundo de Policía; José R., suboficial segundo de Policía; y, el policía Luis C. Además constan 2 civiles, Fabián M. y Gustavo L.