A 1.700 se elevan las denuncias por estafa y otras defraudaciones en contra de los directivos de la Inmobiliaria Unión Constructora, Mario Javier Pachacama Pérez, dueño de la empresa, y su esposa Yadira Dolores Torres Carvajal, gerenta general.

Las denuncias señalan que a Unión Constructora le entregaron sumas de hasta $ 40.000 por la compra de una vivienda, que jamás adjudicaron. William Aguaguiña, abogado de los perjudicados, indicó a la prensa que ayer entregaron 500 denuncias en contra de Unión Constructora, las que se unen a las 1.200 que en tres semanas se registraron en la Fiscalía de Pichincha.

Además, mediante escrito, Aguaguiña solicitó a la Fiscalía de Pichincha, que investiga el caso, así como al juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Franz Valverde, que se tome la versión de quienes trabajaban en la empresa: abogados, arquitectos y guardias de seguridad.

A nombre de los afectados dijo que espera que después del feriado de carnaval la constructora cumpla la promesa de pagar a los miles de clientes, como anunció el abogado de la misma, José Capito.

Sin embargo, advirtió: “No nos vamos a confiar, vamos a seguir con las diligencias legales que se han iniciado. Es de conocimiento público que se han dado medidas cautelares, ahora nos toca demostrar cuánto es el perjuicio y cuántos los perjudicados”.

Ayer llegó a la Policía Judicial el oficio del Juzgado Sexto en el que se solicita capturar a Pachacama y Torres, quienes hace cerca de un mes no llegan a su vivienda ubicada en el sector Conocoto, al suroriente de Quito.

A la Policía de Migración, en cambio, se le pidió que active la prohibición de salida de los citados esposos, mientras que al jefe de la Interpol que proceda a su búsqueda y captura internacional.

Según el juez Valverde, “hay indicios y presunciones graves sobre la existencia de un delito tipificado en la Ley Penal en el que habrían participado los procesados”. Por lo que dictó prisión preventiva en su contra, les prohibió enajenar sus bienes y congelar sus cuentas bancarias.