Marco Antonio Solís Briones, quien es procesado por los delitos de tráfico de tierras, intimidación, estafa, asociación ilícita y hasta hurto de energía eléctrica para abastecer a las cooperativas asentadas en el noroeste de Guayaquil, fue recluido ayer en la Penitenciaría del Litoral, luego de haber sido detenido el viernes anterior en Cuenca.

Solís, quien era líder comunitario de las cooperativas de vivienda Monte Sinaí, Marco Solís, Elvira Leonor y Marco Moroni I, II y III, integraba el listado de los delincuentes más buscados por la Policía, en Guayas, en el que también constan  Sergio Wilfrido Toral Erazo y Edmundo Tony Estacio Valencia, hermano del pastor evangélico y ex asambleísta Balerio Estacio.

En marzo de 2012 el Octavo Tribunal de Garantías Penales del Guayas sentenció a un año y ocho meses de prisión a Solís, tras ser declarado culpable del delito de invasión de tierras con reserva de dominio. Por el mismo delito, pero en calidad de cómplice, Glenda Alexandra Quevedo Pacheco fue sentenciada a nueve meses de prisión.

La Fiscalía apeló la sentencia referente a la pena impuesta dentro de esa causa, por no estar de acuerdo en relación a que el delito está penado con prisión de 2 a 5 años y el tribunal no impuso ni siquiera la mínima pena establecida. Sin embargo, el tribunal señaló que se modificó la pena a favor de los procesados en base a  atenuantes estipulados en otros articulados.

Posteriormente los sindicados interpusieron un recurso de nulidad y apelación, que fue negado por la Tercera Sala de lo Penal, Colusorios y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia, en octubre de 2012.

Según informaron los agentes policiales que participaron en el operativo de captura de Solís, su aprehensión se dio en requerimiento por el Juzgado Décimo Tercero  de Garantías Penales de Guayas, según el proceso 1441 de 2011 por una presunta estafa. Ese juzgado dictó auto de llamamiento a juicio contra Solís, en mayo de 2012.

En diciembre de 2011 el Gobierno inició una lucha contra esas invasiones, que comprendían 9.700 hectáreas en total. El Primer Mandatario declaró área de seguridad nacional, por su cercanía al trasvase que abastece de agua potable a Santa Elena.

Desde entonces se dispuso el resguardo militar de esas lotizaciones, donde aún se registran desalojos, así como denuncias contra Solís, quien enfrenta unos 10 procesos,  y otros involucrados.

Esos delitos han causado conmoción social en Guayaquil, donde los afectados suman más de 20.000 personas que pagaron, en condiciones informales, por terrenos que no les pertenecían y por los servicios de seguridad, electricidad, agua, asistencia legal y otros.