José Serrano, ministro del Interior, recordó a los abogados defensores de los estudiantes detenidos del colegio Mejía, que tienen un poco más de 24 horas para presentar las pruebas de que sus defendidos fueron torturados, caso contrario dijo que presentará una denuncia penal y una acción en el Consejo de la Judicatura en contra de los juristas.

A través de su cuenta de Twitter, Serrano exigió el martes  a los abogados de los estudiantes detenidos por los disturbios del 17 de septiembre, presentar pruebas de las supuestas "torturas" cometidas por agentes de la Policía Nacional.

Serrano dijo que “aquí no es que voy a lanzar una bomba de humo para tratar de proteger a personas que son mayores de edad, de ellos el 30% no son estudiantes de ningún colegio y luego no demostrar lo que se dice”.

Gonzalo Realpe, uno de los abogados defensores de 42 manifestantes detenidos en las inmediaciones del colegio Mejía, sostuvo que sus defendidos fueron golpeados por miembros de la Policía Nacional y por este motivo pidió el recurso de hábeas corpus para lograr la libertad de los manifestantes.

El ministro se refirió al policía Vicente Tamayo, quien permanece desde la semana pasada en el Hospital de la Policía. Dijo que los abogados no  pueden "manchar la imagen de un policía que está haciendo un buen trabajo, la Policía se está jugando el todo por el todo y ojalá uno de esos abogados o de un padre de familia le vaya a visitar al gendarme que hoy se sometió a otra operación para no quedar discapacitado de por vida”.

Serrano  sostuvo que el plazo de 48 horas sigue corriendo y caso contrario los abogados deberán responder ante la justicia.

Augusto Espinosa, ministro de Educación, visitó esta tarde a los 31 jóvenes que se encuentran detenidos en las instalaciones del Centro de Detención Provisional (CDP), en el centro de Quito.

Ellos se encuentran a la espera de una audiencia por presunta participación en disturbios, que dejó como saldo 34 uniformados heridos y daños en la vía pública.

Espinosa mantuvo reuniones con los padres de los jóvenes presuntamente involucrados para motivarlos a inculcar en ellos una cultura de paz. Además, les motivó a rechazar las incitaciones que terminan en actos vandálicos, provocados por grupos políticos que buscan adeptos a sus filas en las instituciones educativas.