Es el coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Tiene años denunciando sobreprecios, coimas, robo y asalto a los fondos públicos. Jorge Rodríguez conversó con este Diario sobre este flagelo.

¿Cómo evalúa el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio en la reinstitucionalización del país?

El romper los torcidos vínculos en las funciones del Estado, creados en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, implicaba constituir un organismo transitorio con facultades extraordinarias para evaluar a las autoridades que acariciaban la sombra de quien legislaba los sábados en una costosa perorata. El CPCCS-T con músculo moral trascendió en una maratónica evaluación a autoridades envilecidas en su función.

Lamentablemente se equivocó en no haber parado de una sola los desvaríos del Consejo de la Judicatura Transitorio y perdió la oportunidad de desinfectar la Función Judicial, corazón de la seguridad jurídica, tan necesaria.

La Secretaría Técnica de Transparencia, del  CPCCS-T, recibió cientos de denuncias de corrupción del correísmo.

El Consejo Transitorio tiene una vida fugaz, que terminará en mayo de 2019, lapso que implica poseer una tremenda agilidad técnica y administrativa para cumplir con las exigencias del encargo hecho por Ecuador en las urnas el 4 de febrero pasado. Una vez terminada la evaluación a funcionarios, le toca sacar casos de corrupción que permitan visualizar el valor del perjuicio a los fondos del Estado y, sobre todo, el lugar en donde se encuentran escondidos. La recuperación, aparte de la sanción, debe ser el mayor leitmotiv del combate a la corrupción.

El país fue arrasado por una ola gigante de corrupción los 10 años anteriores. Hay sobreprecios, contratos, consultorías.

El segundo eje del programa de gobierno de Alianza PAIS  era el combate a la corrupción, disfraz para atraer a la masa de electores. Una Constitución presidencialista, una planificación para apoderarse del poder de manera indefinida, un presupuesto con superávit, a consecuencia del incremento de los precios de los commodities, indujo a crear un sistema legal proclive a encubrir el abuso a los fondos públicos.

¿Por qué no se descubrió antes?

Se sabía, pero la economía del miedo y la política del odio eran más fuertes. Estos elementos hicieron que la angustia haga tragar la vergüenza de saber y callar. Aquellos que osaban abrir la boca eran reprimidos por la maquinaria mafiosa de un gobierno adueñado del SRI, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, cortes, IESS y hasta de los perros de la Policía Antinarcóticos.

¿Cómo explica que la corrupción haya atravesado las empresas privadas, las empresas públicas y la política?

Corrupto y corruptor son anverso y reverso de una sola actitud, la corrupción. A más de los dueños de Odebrecht, no veo a otros empresarios purgando sus desatinos y embustes, que les quitaron a los pobres una gran oportunidad, cuando les quitaron más de $ 9 millones diarios, de los programas de desarrollo social.

¿Qué papel ha jugado la justicia en los casos de corrupción?

Fue la estructura que cerraba con broche de oro la impunidad. Fue el eslabón final de la cadena construida para garantizar la prescripción, la caducidad, para instituir el derecho al robo y al latrocinio a los fondos públicos, cuyo resultado aún permanece “vivito y coleando”, aún en este Gobierno, agazapado haciendo de las suyas.

Los analistas dicen que las sentencias a los exfuncionarios y al exsegundo Mandatario han sido tibias.

Glas es carne de cañón voluntario para tapar el latrocinio a los fondos del presupuesto del Estado.

¿El Gobierno ha tenido la voluntad política de luchar contra la corrupción y ha destapado los casos que se conocen hoy.

No hemos tenido un acuerdo nacional en donde todas las funciones del Estado se comprometan a ese combate. El sistema y la estructura pasados siguen presentes, acorralándonos y haciendo que nos sintamos incapaces de desprendernos de los tres anillos, dos dejados por el correísmo y uno creado recientemente a nuestro alrededor.

Transparencia Internacional señala que la recuperación del dinero de la corrupción no es rápida como todos piensan. ¿Usted qué dice?

La experiencia internacional dice que con acciones de investigación oportunas y procesos legales adecuados, es posible, con cooperación externa, recuperar parte de los fondos o activos productos del soborno, coimas, comisiones, sobreprecios.

El costo de recuperación es alto y lento, porque la justicia es lenta y el sistema financiero internacional es lento y reticente a propósito. Ecuador tiene ya bloqueados fondos de la corrupción desde hace más de un año y no los puede traer por deficiencia en los procesos legales internos. Repugna la lentitud en Fiscalía y en las cortes, y el quemeimportismo legal.

¿Cómo enfrentar ese flagelo?

Exigiendo que quienes gobiernan sean honestos y parezcan honestos. El ser y parecer deben ser una condición sine qua non. La participación ciudadana debe ser producto de nuestra educación. La cárcel debe estar llena de ladrones de los fondos públicos y no de ladrones de gallinas.

¿Frente a todo esto, ¿se corre el riesgo de que las personas crean que es “normal” la corrupción?

La impunidad hace que la indignidad sea un mérito y no un defecto. La ley del más vivo subordina preceptos que antes eran parte de orgullo familiar. La virtud y el buen nombre son hoy palabras añejas en desuso.

Si usted mira hacia atrás y hace una comparación entre los gobiernos anteriores, ¿cuál es su conclusión?

En todos los gobiernos anteriores se ha robado, sin excepción, sin embargo, solo en el de Correa se perdió la vergüenza. Había una competencia de quien robaba más y mejor. La envidia del vecino o del compañero fue la mejor garantía para la impunidad. En 10 años por primera vez surgió una clase social, de los nuevos ricos, copetones y dicharacheros, listos a mostrar su impudicia, a exhibir sus guardaespaldas. (I)