Un tribunal penal de Guayas condenó a cinco años de prisión a José Carlos Tuárez, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por asociación ilícita.

Según la Fiscalía, Tuárez era integrante de una red que supuestamente ofrecía cargos y contratos en el sector púbico a cambio de dinero y de piedras preciosas. La organización, que tiene 32 procesados, recibía entre el 10% y el 20% del monto de la contratación. Así, por ejemplo, un empleo en un hospital público, o en la Aviación Civil, o en la Aduana del Ecuador costaba entre 5.000 y 500.000 dólares, dice la Fiscalía.

Esa entidad publicó en su cuenta de Twitter que es tipo de conductas están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias y es sancionada con una pena de tres a cinco años. En la audiencia de juzgamiento, en la Unidad Judicial Albán Borja, que inició el jueves 6 y continuó los días 13, viernes 14 y lunes 17 de agosto, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, expuso más de 20 pruebas documentales, así como 20 testimonios.

#ATENCIÓN | #Guayas: Carlos T. Z., expresidente del @CPCCS, es sentenciado a 5 años de cárcel. #FiscalíaEc demostró su responsabilidad como autor directo del delito de asociación ilícita. #FiscalíaContraElDelito
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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 17, 2020

La Fiscalía presentó como prueba principal audios y videos de los procesados que demuestran su participación en los hechos. También las declaraciones de dos presuntos perjudicados, uno de ellos relató que accedió a un nombramiento en el Ministerio de Salud y pagó medio millón de dólares; otro dijo que pagó 50.000 dólares para trabajar en el Consejo de Participación Ciudadana, en Quito.

La entidad demostró que José Carlos Tuárez era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como a cambio de fuertes sumas de dinero. El tribunal penal acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió la sentencia condenatoria contra el sacerdote. Además, le impuso una multa económica, la pérdida de los derechos de ciudadanía y emitir disculpas públicas.

El 28 de noviembre de 2019, 32 personas fueron detenidas en el operativo “Emperador”, liderado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, en Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos. (I)