El 3 de junio, a las 11:00, el país vio en la misma mesa a la Ministra de Gobierno y a la Fiscal General. Esta vez, en Guayaquil, ambas informaron la creación de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria para enfrentar la corrupción. En otras palabras, policías y fiscales ajustando la soga bajo el mando de María Paula Romo y Diana Salazar.

El apoyo público fue una avalancha, y más porque al siguiente día empezaron a verse los resultados: un expresidente, un prefecto, un asambleísta y un alcalde procesados penalmente. Unos presos, otros con grillete o con arresto domiciliario.

La corrupción siempre indigna, pero en tiempos de covid-19 es imperdonable, porque no solo se trata de dinero sino, y sobre todo, de las vidas que se han perdido, de las familias que han llorado a una madre o a un hijo.

En esa corrupción hay funcionarios públicos y personas del sector privado que se confabularon para robar sin importar a quien ni las consecuencias.

Ante la vergonzosa realidad, Romo y Salazar organizaron los componentes de investigación y persecución del delito para desarticular a estas mafias. También decidieron colaborar más que nunca.

Los tres anteriores fiscales generales –Paúl Pérez Reina, Carlos Baca Mancheno y Galo Chiriboga Zambrano– están en la memoria por razones únicas. Pérez Reina, el mejor calificado de la carrera fiscal, no hizo un mal trabajo, pero se fue a los seis meses por decisión propia. Se cuenta que cuando llegaron fotografías de sus hijos y de su casa, de manera anónima, dijo “hasta aquí nomás” y optó por una propuesta internacional.

Baca y Chiriboga, dos cómplices del correísmo, estuvieron inmersos en escándalos por las decisiones que tomaron, en especial Chiriboga, porque en su gestión el correísmo pisoteó los derechos y evitó investigar la corrupción.

Esa es la Fiscalía que encontró Diana Salazar: desprestigiada y utilizada como un arma política. Demasiado por hacer; reconstruir piedra por piedra.

Cuando María Paula Romo llegó al Ministerio del Interior, hoy Ministerio de Gobierno (seguridad y política), encontró una Policía acorralada por esas formas siniestras de relacionamiento que sembró el correato.

La primera reunión que tuvo cuando asumió el cargo, el 3 de septiembre de 2018, fue con el mando de la institución. Ese día les dijo a los generales que se respetarían sus jerarquías, su carrera y que nadie hablaría por ella.

Con eso cortó de raíz ese nefasto privilegio de los asesores ministeriales de llamar a los generales a disponerles cualquier cosa, incluso temas personales “en nombre del ministro”.

Ese día empezó el camino para devolverle autonomía y respeto a la institución. Esto último –entre muchas–, una condición que los policías reconocen en Romo después de 10 años de un arbitrario correato. La Policía, en general, siente orgullo de ser representada por esta Ministra de Gobierno.

Romo es reconocida como una mujer brillante, práctica y honesta. Fue asambleísta constituyente a los 27 años, luego fue legisladora y ha sido docente de pregrado y posgrado. En 2011 ya figuró entre los 10 rostros influyentes de América Latina por su compromiso con la democracia. Entonces tenía 32 años. Es la segunda ministra de gobierno que tiene Ecuador en 200 años de república.

Diana Salazar es una funcionaria de carrera. Es incansable, inteligente, tiene mucha tenacidad y convicción.

Entró a la Fiscalía en 2011 y en 2016 su nombre saltó a la fama cuando acusó de lavado de activos nada menos que a Luis Chiriboga Acosta, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en el caso FIFAGate.

Un año después puso contra las cuerdas al entonces vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. A él lo acusó de lavado de activos en el también famoso caso Odebrecht, que ha dejado presidentes presos en Perú y en Brasil, y a Glas en Ecuador.

También fue contra Rafael Correa y logró una sentencia de ocho años por dirigir una estructura criminal desde la Presidencia de la República.

En julio de 2019, la fiscal Salazar apareció en el Top 5 de figuras que luchan contra la corrupción en la región.

¿Salazar y Romo tienen peros? Sí, y posiblemente muchos. Han cometido errores, han sido criticadas, sin embargo, una distancia enorme las separa del mundo que persiguen.

Romo cumplió 41 años el 4 de junio, Salazar cumplió 39, un día después. Parece que la persecución a los presuntos líderes del saqueo en los hospitales públicos, durante la emergencia sanitaria, fue un regalo de cumpleaños que se dieron mutuamente.

Jorge Rodríguez, el implacable luchador contra la corrupción, reconoció su trabajo de forma pública. “Arde Troya”, dijo cuando el país se despertó con la novedad de que fiscales y policías fueron por Abdalá Bucaram y Carlos Luis Morales. “Esa es obra de María Paula Romo y Diana Salazar (…). Ya no pueden dar marcha atrás”.

Según el penalista Ramiro García, desde el retorno a la democracia en 1979, “no ha existido un período de lucha contra la corrupción como el actual”.

Y no ha sido fácil. Correístas y socialcristianos, dos socios de este período legislativo, las tienen en la mira.

La fiscal Salazar dijo que hay intentos de llevarla a juicio político, pero ella respondió que no tiene miedo, que vayan por ella. La ministra Romo ya enfrentó esa amenaza y ha sido convocada al menos 30 veces a la Asamblea Nacional.

Pero esos grupos políticos, en los que, precisamente, tienen a mujeres desplegando su ira, mantienen afilada la guadaña. 

Ambas también se pararon firmes en octubre de 2019 ante los intentos de desestabilización de la democracia. Ambas han enfrentado al crimen organizado. Las dos tienen 94% en los análisis de riesgo que hace la Policía Nacional (el más alto después del Presidente de la República). Es decir, sus vidas están bajo amenaza todo el tiempo.

Ambas, como diría la feminista María Rosa Pólit, “tienen la valentía que ningún hombre en esos puestos ha tenido y están haciendo lo que jamás se ha hecho en este país con la corrupción: su trabajo”.

La lucha contra la corrupción suele tener reveses fuertes porque el enfrentamiento es contra mafias económicas y políticas que también tienen influencias y poder.

No obstante, aquello parece no ser suficiente para desanimar a mujeres como María Paula Romo y Diana Salazar. Ahora es importante que no se pierdan en esta ola de reconocimiento; que todos los días recuerden que el poder se acaba; y  que su objetivo profesional debe ser servir al país, y el personal, caminar en paz por las calles sin que nadie las señale cuando todo termine. (I)

Compromiso con DD. HH.
María Paula Romo, ministra de Gobierno

Es abogada y máster en Gobierno y Administración Pública graduada en la Universidad San Francisco de Quito. Fue Ministra del Interior y ahora es Ministra de Gobierno.

Fue legisladora en la Asamblea Constituyente de Montecristi, y luego asambleísta por Pichincha en 2009 – 2013. Creó y coordinó el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. En el 2011 la revista Foreign Policy la escogió como uno de los nuevos rostros del pensamiento iberoamericano por su compromiso con las mujeres y los Derechos Humanos.

Transparencia y objetividad
Diana Salazar, Fiscal General

Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Tiene un diplomado, tres especializaciones y una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Tecnológica Indoamérica.

En febrero de 2015 formó parte de la Unidad Antilavado de Activos. En mayo de 2017 fue ascendida a coordinadora Nacional de la Unidad de Lucha Contra la Transparencia y Corrupción. En febrero de 2018 el presidente Lenín Moreno la designó como la nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).