Acompañado de la unidad especializada de mantenimiento del orden público compareció el comandante de la Policía, general Patricio Carrillo, como parte de las pruebas de descargo en la solicitud de enjuiciamiento político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que tramita la Comisión Fiscalización.

Carrillo, quien en octubre de 2019 ocupaba la dirección general de Operaciones de la Policía, por más de tres horas contestó las preguntas de los legisladores, incluso aquellas que son parte del proceso por supuesto incumplimiento de funciones de la Ministra.

Dijo que la Policía tiene el deber de conservar el orden público, pero por primera vez en la historia enfrentaron 11 días de protestas en octubre pasado, con manifestaciones desbordadas. También se contabilizaron 250 incidentes por día en la capital de los ecuatorianos.

“A la Policía le llevaron al límite, nosotros descartamos el uso de armas y municiones letales, no hay registro de ello, jamás un policía utilizó su arma de fuego ni en los saqueos, ni asaltos”, puntualizó.

Explicó que no hay ley para el uso progresivo y gradual de la fuerza, pero se rigen a un reglamento y en esos días solo se aplicó lo estrictamente necesario.

“La ministra de Gobierno no dispuso el uso progresivo gradual de la fuerza, eso lo dispone el reglamento, ni siquiera un tema de subordinación a la jerarquía, es un tema de mirar el escenario en qué estoy como policía frente a una amenaza”, explicó Carrillo.

Precisó que en varios momentos los manifestantes tuvieron ventaja frente a la fuerza pública por el armamento que utilizaron para atacar a los uniformados, incendiar la Contraloría, secuestrar, asaltar, saquear, atacar, destruir.

En octubre de 2019 la Policía contaba, a escala nacional, con 15.000 unidades de gas lacrimógeno de todo tipo que estaban almacenadas. De ellas, 6.299 estaban caducadas y fueron utilizadas de acuerdo con un informe técnico. “¿Está prohibido utilizar gases caducados? La respuesta es no. Los informes técnicos dicen que los cartuchos de gases lacrimógenos en buen estado de conservación, independiente de su fecha de fabricación, producen los mismos efectos típicos fisiológicos al contacto con el químico”, dijo.

Roberto Gómez, independiente y uno de los interpelantes, aseguró que en derecho público lo que no está escrito está prohibido. Mientras, la asambleísta Mercedes Serrano, del Partido Social Cristiano, dedujo que la la Ministra tiene la responsabilidad de dotarle a la Policía  de municiones en buenas condiciones para el ejercicio de sus funciones.

Carrillo, además, señaló que no existieron órdenes de intervención en los centros de acogida humanitaria, que fueron las universidades en esos los días de protestas, y que hicieron tres investigaciones administrativas y no se pudo determinar a los responsables. “Nosotros en ningún momento hemos allanado. Hubo dos agentes químicos lanzados desde el exterior. También dejamos en claro que esos agentes químicos no son necesariamente lanzados por la Policía”, dijo Carrillo.

Entre el 3 y 13 de octubre de 2019, los policías desplegados en las calles para controlar la violencia utilizaron 38.593 unidades de gas lacrimógeno.

El sábado 31 de octubre, la Comisión de Fiscalización citó a la ministra de Gobierno para comparecer en este proceso.