Luego de 7 meses del cese de funciones de los vocales del Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh, que dispuso el Consejo de Participación Transitorio (CPCCST), la entidad cuenta con autoridades definitivas que cumplirán un periodo de 6 años.

El 19 de junio de 2017, se instaló un Consejo de la Judicatura temporal, después de que el CPCCST destituyó a los 5 vocales porque no pasaron el proceso de evaluación.

La Judicatura fue encargada a Marcelo Merlo como presidente; Aquiles Rigail, Zobeida Aragundi, Angélica Porras y Juan Pablo Albán. Entre las primeras acciones que implementaron estuvo el cambio de los fiscales provinciales.

En la lista de los que nombrarían estaba Guillermo Moreno, hermano del Presidente de la República. Pero Moreno fue descalificado por la Judicatura Temporal porque violaba el requisito de no haber ejercido como fiscal titular entre el 2016 y el 2018.

Días después, la Judicatura suspendió al director general de la entidad que había sido nombrado por ellos, Juan Vizueta, para investigarlo por denuncias de tráfico de influencias.

A semana seguida se filtró un audio en el que se escuchaba un enfrentamiento a gritos entre los vocales Aquiles Rigail y Juan Pablo Albán sobre el manejo poco ético de la entidad.

En septiembre renunció Albán, quien expresó su decepción por la decisión tomada por la institución. Así mismo, el CPCCST resolvió quitarle a la Judicatura temporal la facultad de hacer concursos o evaluaciones para reemplazar y nombrar  jueces y fiscales hasta que fuera nombrado el Consejo definitivo.

Fin del proceso

Tras un concurso de oposición y méritos, que se extendió por tres meses, el pasado miércoles, el CPCCST posesionó a María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo como vocales definitivos del CJ.

Ellos salieron de las ternas que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Fiscalía y la Defensoría Pública, respectivamente.

La elección de las autoridades definitivas era “más que necesaria”, afirmó el jurista Kléver Sigüencia, quien sostuvo que el primer desafío de la nueva Judicatura será analizar la forma en la que los jueces están aplicando las normas y las leyes en el país.

“No es un error de la ley, sino de quienes aplican la norma; hay quienes abusan de las medidas cautelares, como la prisión preventiva”, comentó.

Sigüencia opinó que otros jueces no valoran adecuadamente la legítima defensa y las actuaciones policiales, “lo que también deberá entrar al análisis de las nuevas autoridades”.

Una vez cumplido esto, viene “la lucha contra la corrupción. Ellos demostrarán si la elección ha sido correcta o incorrecta, conforme desarrollen su gestión”, puntualizó.  

Para el analista político Santiago Basabe, la integración del Consejo de la Judicatura definitivo se dio conforme a lo que dice la Constitución. “Pero su tarea inmediata debe basarse en una reforma integral al sistema judicial, que empiece con una reestructuración de la Corte Nacional de Justicia”.

No obstante tiene dudas por los cuestionamientos que se le hacen a la que será presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, quien fue precisamente postulada por la Corte de Justicia.

Para el experto en Derecho Constitucional, Iván Castro, hay total falta de equidad regional en la designación del Consejo de la Judicatura. “No existe una sola persona que resida en la Costa en el nuevo Consejo, de tal manera que eso es un error porque las visiones y los problemas de la justicia ecuatoriana no se reducen a la capital”, indicó Castro.

Pese a ello, mencionó que espera que emprendan las acciones pertinentes para enderezar la justicia ecuatoriana “que está venida a menos”.

Añadió que lo primordial que deben realizar es un inventario total de los problemas que aquejan a la Función Judicial. Esto a la par con el inicio simultáneo de la evaluación a todos los jueces, comenzando con el más alto tribunal, como es la Corte Nacional de Justicia, al igual que con los fiscales. La intervención debe ser integral.

“Ya es tiempo de que todos quienes integran las diversas instituciones del Estado actúen y dejen de echarle la culpa al anterior Gobierno. Sé que en la época del expresidente Rafael Correa se cometieron atropellos y anomalías, pero es hora de rectificar y empezar a actuar”, enfatizó. (I)