Hace nueve días las autoridades del Sistema de justicia del país dispusieron medidas de restricción en las labores de los servidores judiciales como acciones preventivas ante la presencia del coronavirus y su propagación.

Impedir el acceso de la ciudadanía a las dependencias judiciales, que las audiencias programadas que no se puedan suspender se realicen sin público y que los servidores de las dependencias judiciales de la Costa y región Insular, salgan de vacaciones  hasta el 30 de este mes, fueron parte de las medidas.

Además, el Consejo de la Judicatura (CJ), como máximo organismo administrativo de la Función Judicial, ordenó que en el caso de las regiones Sierra y Amazonía, los jueces y tribunales, en cada causa dicten las medidas pertinentes para la suspensión de términos y plazos; y seguirán despachando procesos pendientes de resolución, a puerta cerrada.

También, que en los casos en que haya riesgo de caducidad de la prisión preventiva y prescripción de la acción en materia penal, las audiencias se ejecutarán, de acuerdo con la agenda preestablecida.

La Resolución del CJ no aplicaba para los servidores de las dependencias judiciales que atienden en las unidades casos en materia Penal; así como de flagrancia en lo penal, violencia contra la mujer y la familia, tránsito, adolescentes infractores y garantías penitenciarias.

Transcurridos ese tiempo desde la disposición, las puertas de todos los organismos de administración de justicia se encuentran cerradas, excepto en flagrancias.

Estas son: CJ, Corte Nacional de Justicia, cortes provinciales de justicia, tribunales y juzgados, Fiscalía General, fiscalías provinciales Defensoría Pública y notarías.

Si bien las autoridades de estos organismos están pendientes de la situación e imparten instrucciones al poco personal operativo (jueces, fiscales y defensores públicos) que aún labora en las unidades de flagrancia, estos no atienden en sus despachos porque están cerrados.

Para el jurista, Marcelo Altamirano, los jueces que tienen que dictar sentencias, pueden avanzar con las resoluciones, pero hay un problema: necesitan estar en sus despachos para revisar la documentación y esta no la pueden llevar a las casas.

Mientras que el resto de personal, poco o nada puede hacer mediante teletrabajo. “Esto significa que la justicia prácticamente está paralizada”, sostiene.

Pero lo que sí le preocupa, es la cantidad de audiencias que están y seguirán suspendidas, ya que ello perjudica a las partes procesales porque son problemas que se extienden en el tiempo.

La fiscal general Diana Salazar, ratificó la disposición impartida para que el personal (fiscales) de flagrancias labore normalmente para garantizar el servicio.

Ayer, el CJ informó cambios en los turnos de atención a nivel nacional en las unidades de flagrancia.

El turno de atención matutina, que va de 06:00 a 16:00, es el único que se mantiene en modalidad presencial. La jornada vespertina, de 16:00 a 00:00, se atenderá solo vía telefónica.

Y el turno que va de 00:00 a 06:00 se mantiene suspendido “mientras dure el estado de excepción y la emergencia sanitaria”. (I)

Por covid-19 instalan audiencias telemáticas
En Quitumbe, provincia de Pichincha se instaló la primera audiencia telemática sin contacto físico entre infractores y el equipo jurisdiccional, informó la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado.

“Así evitamos el riesgo de propagación del coronavirus covid-19. Nuestra prioridad es la vida y salud de los servidores de la Función Judicial”, manifestó.

También de los usuarios de los servicios de justicia y así garantizar el principio de inmediación.

En Guayas la Dirección Provincial del CJ implementó las salas de audiencia por videoconferencia en las unidades judiciales del complejo Florida Norte y en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), norte de Guayaquil.

Las salas de audiencia por videoconferencia o telemática se distribuyen en una sala para el operador de justicia (juez y secretario), otra para la Fiscalía y una destinada a la defensa pública o particular. El propósito es garantizar la atención de infracciones flagrantes.

La misma medida se aplica en Manabí por la seguridad y salud de los servidores judiciales, en virtud del estado de emergencia sanitaria.

En esta provincia se han instalado siete audiencias telemáticas en las unidades judiciales de Chone, El Carmen, Jipijapa, Manta, Pedernales, Portoviejo y Sucre.

En el resto de Manabí se implementaron los turnos de llamadas, exclusivamente para el conocimiento de infracciones flagrantes por solicitud de agendamiento del fiscal.  (I)