A partir de hoy los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) y los asambleístas proponentes del juicio político a las máximas autoridades del organismo judicial tendrían 15 días para presentar las pruebas de cargo y de descargo del proceso.

Esto una vez que la Comisión de Fiscalización avoque conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político que fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL),  el pasado 7 de mayo, con 4 votos a favor y dos abstenciones.

Gustavo Jalkh, titular de la Judicatura, junto a los vocales Tania Arias Manzano, Paulo Rodríguez, Ana Karina Peralta y Néstor Arbito, son acusados de injerencia en la justicia y de incumplimiento de sus funciones al irrespetar los debidos procesos para el nombramiento de las autoridades del sector.

La solicitud fue presentada, por segunda ocasión, el pasado 18 de abril por los asambleístas Esteban Bernal, de CREO; y Raúl Tello, de Bancada de Integración Nacional.

El pedido contó con 44 pruebas de cargo, que fueron sustentadas por los asambleístas proponentes con 60 firmas de respaldo: 56 de oposición y 4 de integrantes de Alianza PAIS.

“Los asambleístas tienen todo el derecho, en uso de sus competencias, de plantear y solicitar juicios políticos. Yo espero que se lo haga con seriedad”, manifestó Jalkh. Y añadió que están tranquilos porque han cumplido con sus funciones.

Además, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST)  inició una evaluación a la Judicatura, con lo que las 5 autoridades a cargo podrían ser cesadas de sus funciones.

Ante ello, Gustavo Jalkh enfatizó que “si nuestras funciones terminan antes de nuestro período, ojalá sea por una causa legal y no por alguna arbitrariedad”.

Una vez finalizado el plazo de 15 días, la Comisión de Fiscalización tiene 5 días para dar la conclusión del informe, aunque pueden contar con otros cinco días de prórroga. Con la entrega del informe se definirá también la fecha del juicio político contra las autoridades. (I)