Mariacruz González, presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Ecuador (Atiec), manifiesta que la entidad que ella preside es el único gremio autorizado para proveer de traductores e intérpretes, tanto para el sector justicia como para otros ámbitos.

La Asociación cuenta con 50 traductores e intérpretes acreditados a nivel nacional, pero hay otros que trabajan de manera independiente y no son miembros. “Son unos 15 en el país”, dice González.

En ese sentido, señala como graves errores de personas no calificadas los problemas de traducción en temas políticos, como un tratado bilateral con Estados Unidos, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde la palabra Quito (capital de Ecuador) fue traducida incorrectamente al inglés como una conjunción del verbo quitar.

Asimismo, una licitación publicada por la empresa Cementos Chimborazo en el Miami Herald, de Estados Unidos, registró en la traducción el cargo de la persona que firmó la licitación como “cemento público”.

Otro dato interesante que es tomado en cuenta por la dirigente es que Ecuador es el único país del mundo que no tiene escuelas ni facultades especializadas en traducción o interpretación judicial, contrario a lo que sucede en Argentina, por ejemplo, donde hay una especialización de traductores judiciales que trabajan en las cortes por asignación del Estado, que gratuitamente provee de ese servicio a los procesados extranjeros que no hablen español, tanto para audiencias orales como para traducción de escritos