El plazo de 30 días. Eso  estableció el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, integrado por  Ivan León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela, para que los 20 sentenciados por el delito de cohecho agravado paguen la reparación al Estado. Una reparación  de $14.7 millones, el doble del monto que las empresas entregaron a cambio de contratos de obra pública en el gobierno de Rafael Correa. 

Hasta el jueves la Procuraduría General del Estado (PGE), en calidad de víctima de la infracción penal, no había recibido ninguna notificación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), acerca del cumplimiento de la sentencia por parte de los involucrados. 

Por ello, en las próximas horas la PGE solicitará al tribunal de la CNJ la ejecución de la sentencia. El anuncio formal lo hará este viernes el titular del organismo, Íñigo Salvador. 

La petición de ejecución de la sentencia estará acompañada de información que ha recabado la Procuraduría sobre los activos de los 20 condenados por el ilícito,  es decir, ya contaría con detalles sobre cuentas bancarias, bienes, acciones en empresas. 

La información fue recopilada en las superintendencias de Bancos, Economía Popular y Solidaria, de Compañías, Valores y Seguros, notarias, Registro de la Propiedad a nivel nacional, Agencia Nacional de Tránsito, Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, INMOBILIAR, Registro Civil, Función judicial, DINARDAP y SENADI. 

Con este proceso la Procuraduría podrá pedir la inmovilización de cuentas bancarias, el embargo de bienes y posterior su remate.

La justicia declaró culpables de cohecho en calidad de autores al expresidente Rafael Correa, su exasesora Pamela Martínez, el exvicepresidente Jorge Glas, sus exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla y Christian Viteri y nueve empresarios. Cada uno debe pagar $778.224,17. 

Mientras que la exasistente de la Presidencia, Laura Terán, en calidad de cómplice,  pagará $368.632,43 y pese a que el empresario Alberto Hidalgo se declaró autor del delito, tendrá que cancelar el mismo monto asignado a Terán.

Los sentenciados tienen varias opciones para el pago. Pueden cancelar la totalidad o plantear una fórmula de cancelación.

Además, la Procuraduría solicitará al tribunal que disponga a los sentenciados hacer un evento de disculpas públicas, la publicación de la sentencia en tres periódicos de amplia difusión, la colocación de la placa en el Palacio de Carondelet y la asistencia y acreditación del curso de ética y transparencia en la administración pública. 

Esto se dará por cuenta separada del ámbito penal y no los exime de la sentencia de ocho años de cárcel que recibió la mayoría de ellos.