La Procuraduría respondió a la petición que hiciera Hernán Ulloa, abogado del excontralor Carlos P., a la Fiscalía, para que se vincule al procurador Diego García al proceso po el delito de concusión en el caso Odebrecht, y señaló que se pretende "desviar la atención".

Ulloa afirmó que el procurador propició el regreso de la constructora brasileña a Ecuador.

"La vinculación del excontralor en el proceso por concusión realizada por parte del Fiscal General del Estado, en ningún caso está relacionada con el retorno de la empresa brasileña al país, sino con el hecho de haber existido una gratificación económica por el levantamiento de las glosas", aclaró la Procuraduría en un comunicado.

También indica que la defensa del excontralor "pretende distraer la atención respecto del delito investigado o está defendiendo a su cliente de un delito diferente al que se persigue. El delito de concusión tiene relación con el abuso de las funciones y la exigencia de gratificaciones no debidas".

Aclara que la autorización para transigir se dio respecto a las controversias suscitadas en relación al contrato para la construcción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica San Francisco. "Esto no tiene nada que ver con que si Odebrecht salía o no del Ecuador. Eso nunca estuvo en discusión en este acuerdo y tampoco con la suscripción de nuevos contratos".

Subraya que la Procuraduría no tiene la potestad legal para determinar la salida del país de una empresa o su regreso, como consecuencia de un acuerdo transaccional.

Sostiene que "no va a permitir que ningún tipo de presión política, o de los involucrados y sus abogados, le distraiga de su intención de buscar la reparación integral al Estado en contra de quienes sean vinculados por la Fiscalía General del Estado dentro de la instrucción fiscal, en la medida en que los elementos de convicción demuestren su participación en la comisión del delito".

La instrucción fiscal por el presunto delito de concusión inició el 7 de agosto y finalizaría en 90 días. La Procuraduría afirma que está trabajando en la acusación particular que será presentada, previo a la fecha de cierre de la instrucción fiscal. (I)