La autorización de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se cumpla con el comiso de bienes para las personas sentenciadas por el caso Sobornos 2011-2016 es un paso adelante para cumplir con la reparación de $ 14'745.297 millones para el Estado ecuatoriano.

Íñigo Salvador, procurador General del Estado, advirtió que hasta el momento no se ha cumplido en su totalidad con el pago del valor de cada uno de los sentenciados.

La situación es más crítica si se toma en cuenta que algunos de los condenados han propuesto fórmulas y acuerdos de pago.

Salvador, durante la develación de la placa con el nombre de los autores y coautores del caso Sobornos, reiteró que no es viable solicitar acuerdos de pago, ya que el Código Orgánico General del Procesos se determina que la fórmula de pago tiene que ser propuesta en audiencia ante los jueces de ejecución.

Para la recuperación del dinero, está previsto el decomiso de bienes. Sobre este punto, el Procurador indicó el Tribunal de la CNJ ordenó que los bienes que la Procuraduría enlistó y que constan en los registros de la propiedad y registros mercantiles puedan ser embargados y decomisados.

La Procuraduría General identificó 122 bienes que 17 de los 20 sentenciados por cohecho del caso Sobornos tienen en el país.

Sergio Limaico, abogado en libre ejercicio, aplaudió la gestión que está cumpliendo la Procuraduría, puesto que deja en evidencia que en el país hay sanciones para los casos de corrupción. No obstante, reconoció que todavía hay un panorama lejano para la recuperación de los $ 14,7 millones que persigue la institución.

A su criterio, los sentenciados buscarán los recursos legales para que no se les retire sus bienes; pueden argumentar que se trata de bienes patrimoniales, como así ocurre con una de las propiedades del expresidente Rafael Correa. "No hay que sorprenderse que los responsables del acto de corrupción más grande que ha presenciado el país, se valgan de mecanismos para evadir la ley", opinó el especialista. 

Localización y extradición, factores previos para cumplir con la ejecución de la sentencia

Otro hecho pendiente de la sentencia es la localización de las personas que se encuentran en calidad de prófugas. Se espera una respuesta por parte de la Interpol para la difusión de alerta roja para la localización, detención y extradición de las personas que se encuentran fuera del país.

Al menos ocho personas se encuentran en calidad de prófugas. Entre ellos el expresidente Correa, quien se encuentra en Bélgica. 

De los 20 sentenciados, Laura Terán ya cumplió su condena, ya que fue sentenciada a tres meses de cárcel, pero ella estuvo detenida seis meses de manera preventiva.

De los 19 que deben pagar con prisión, el exvicepresidente Jorge Glas está preso, al igual que el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se encuentran en prisión.

En cuanto a los sentenciados que están en el país deben pagar la condena de inmediato. Ellos son la exfuncionaria Pamela Martínez; los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Ramiro Galarza, Édgar Salas, Pedro Verduga y Teodoro Calle.

Entre los que fueron declarados prófugos, además del expresidente Correa, se encuentran la exministra María de los Ángeles Duarte, quien están en la embajada de Argentina en Quito; el exministro de Turismo, Vinicio Alvarado, así como los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri.

Para que regresen al país y cumplan su condena, se deben cumplir dos trámites la detención policial y el proceso de extradición.

El abogado German Astudillo, opinó que este es un punto complicado del proceso, puesto que Ecuador no ha tenido resultados en estos trámites. Recordó que ya hubo el intento de la difusión de alerta roja contra el expresidente Rafael Correa por el caso del exasambleísta Fernando Balda, pero la Interpol no le dio paso.

El experto indicó que en este caso, el Tribunal de Juzgamiento que emita las boletas de captura también debe solicitar a la Interpol que emita una alerta roja.

El jurista añadió que para aprobar dicha alerta, se debe cumplir otros procesos. Además de la solicitud, tiene que pasar por un proceso de revisión y luego se toma la decisión.

Astudillo recordó que la notificación de Interpol ha recaído sobre Walter Solís, la cual está vigente desde 2019, pero hasta el momento no ha sido detenido. (I)