La Fiscalía General del Estado procesó a seis personas (cinco mayores de edad y un adolescente) por el delito de robo con muerte y abrió dos instrucciones fiscales por treinta días, tras un asalto en Quito.

Las investigaciones buscan aclarar las responsabilidades en la balacera de la madrugada del domingo 15 de septiembre de 2019, cuando los sospechosos asaltaron a los asistentes durante la recepción de una boda, en la casa comunal del barrio La Inmaculada, en el sector de La Ecuatoriana, al sur de la capital.

En el transcurso de este asalto, el ciudadano Rufino H.H., de 50 años (tío de la novia), habría tratado de acercarse a los asaltantes y mediar, pero recibió dos disparos que le quitaron la vida: uno en la cabeza y otro en el dorso.

En tanto, el ciudadano venezolano Ricardo Patricio B.V., presuntamente del grupo de asaltantes, se cayó y fue linchado por los asistentes, con sillas, botellas, vasos y hasta mesas.

Además, ocho de los invitados a la boda resultaron con heridas de bala en sus extremidades superiores, inferiores, glúteos y estómago. Actualmente son atendidos en diferentes casas de salud de Quito.

Según uno de los asistentes a la boda –que rindió su versión en Fiscalía–, el grupo habría entrado a la sala de recepciones y uno de ellos habría gritado “¡Quietos!”, con lo que comenzó la balacera y los disparos al cuerpo.

Con estos antecedentes resultaron procesados cinco mayores de edad en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo (d) y la comandante general de Policía (e), María FernandaTamayo, dieron detalles del operativo. Foto John Guevara / ET

Cinco adultos procesados

La primera audiencia se llevó a cabo a las 10:00, de este lunes 16 de septiembre en la Unidad Judicial del Sur (Quitumbe), ante la jueza Tania Molina González.

El fiscal de turno de Flagrancia, Arturo Gordillo, formuló cargos contra Luis Miguel L. P., venezolano de 26 años, y a los ecuatorianos José Yair A. P. (20), Pablo Luis V. A. (20), Wilmer Javier A. Ch. (23) y Jacinto C. S. (24).

A todos se les dictó prisión preventiva y para las víctimas (siete personas que entregaron su versión a la Fiscalía) se dictaron medidas de protección (Art. 558 del COIP, numerales 1, 2, 3 y 4).

Durante la audiencia, a través de sus defensoras públicas, María Taco Pachacama (por Luis Miguel L. P.) y Jennifer Velásquez (por los otros cuatro), se opusieron a la prisión preventiva.

El ciudadano extranjero afirmó que acudió hasta el hospital por atención médica, porque trataron de asaltarlo y, por evitarlo, se cortó la mano.

Pero en esa casa de salud del sur de la ciudad estaban algunas de las personas que asistieron a la boda, a la espera de noticias médicas de sus familiares heridos, y reconocieron a Luis Miguel L. P., como uno de los participantes y responsables del asalto. Alertaron a la Policía y el joven fue aprehendido en la casa de salud.

Los otros cuatro manifestaron que la madrugada del sábado, e incluso la mañana del domingo, estuvieron con sus respectivas familias, negando así cualquier tipo de participación.

También aseveraron que descansaban luego de un partido de fútbol del equipo de segunda categoría del que son parte.

Luego de estas afirmaciones, el fiscal Arturo Gordillo presentó los cargos en contra de los ciudadanos. Precisó que los cuatro fueron aprehendidos en el allanamiento a un inmueble en Guamaní, en el sur de la ciudad.

Hasta ese lugar llegaron las autoridades al observar los videos de seguridad de una institución educativa, en el que se identificaron las placas del taxi en el que escaparon, según versiones de los afectados y referencias de los habitantes del sector que los habrían visto merodear la fiesta, tanto en una moto (Ricardo Betancourt (+) y Luis Miguel L. P.), como en un taxi (los demás).

Los cuatro ciudadanos ahora procesados habrían tratado de deshacerse de los indicios, arrojándolos a los tejados y habrían pretendido fugarse del lugar: Wilmer Javier A. Ch. y Jacinto C. S. lanzaron una bolsa negra con dos pistolas en su interior; Pablo Luis A. V. habría echado una funda con veintinueve teléfonos celulares; y José Yair A. P., otra funda con una pistola dentro.

“En el allanamiento se levantaron las tres armas de fuego, 73 municiones calibre 9 mm, veintinueve celulares, tres plasmas, dos parlantes y un uniforme de las Fuerzas Armadas”, dijo el Fiscal ante la Jueza.

Además, “en siete versiones recopiladas hasta el momento los reconocen como las personas que irrumpieron y dispararon en la fiesta”.

“Solo hice una carrera”

La segunda audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el delito de robo con muerte, se instaló a las 14:00 de este 16 de septiembre, en la Unidad Judicial de Violencia No.1 y Justicia Juvenil, en Quito.

Al sexto procesado, el adolescente W. J. B. Q., de 17 años, se le abrió una instrucción fiscal de treinta días.

A pesar de que la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores de Pichincha solicitó internamiento preventivo, la juzgadora de Adolescentes Infractores ordenó arresto domiciliario y prohibición de salida del país.

El adolescente fue aprehendido la tarde del 15 de septiembre en Guamaní Alto. Conducía el auto de color plomo (taxi pirata), del cual los asistentes a la boda, ahora testigos, dieron referencias como las características y la placa. Al respecto, el menor de edad dijo: “solo hice una carrera”.

Dato jurídico

El delito de robo con resultado de muerte está tipificado en el artículo 189, inciso sexto, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y determina una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.  (I)