Vanessa Nataly S. y Elsa Beatriz V., vinculadas al proceso por el presunto delito de peculado que enfrenta Fernando Alvarado, exdirector de la Secretaría de Comunicación (Secom), se encuentran fuera del país.

Enrique Espinosa de los Monteros, director nacional de la Policía Judicial (PJ), indicó que las procesadas, días antes de la resolución, salieron del país posiblemente hacia Estados Unidos y Perú.

El oficial señaló que se realizarán los trámites pertinentes con la jueza, Silvia Sánchez, para notificar a los 192 países, que son parte de la Interpol, sobre la fuga de las dos mujeres. El objetivo es solicitar detenerlas.

De igual manera, la Policía Judicial e Inteligencia está tras la pista de Juan Manuel Ch. y Galo Patricio P., también vinculados en el caso. Las autoridades aclararon que los encausados no han salido del país.

En la tarde del miércoles (31 de octubre) se entregaron Carlos B., Marco Antonio B. y Javier L., exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación del gobierno de Rafael Correa y quienes tenían orden de prisión.

Ellos permanecieron en la Unidad de Flagrancia hasta la 01:00, cuando fueron trasladados hacia el Centro de Detención Provisional (CDP), informó la Policía.

Marco Antonio B. previo a su llegada a Flagrancia, en sus redes sociales, publicó un video con su hija, de 5 años. En este se declaraba perseguido político, pero fue criticado por el uso de menores en su cuenta de Facebook.

Mientras que a Pablo Yánez, exsubsecretario nacional de Comunicación, la jueza le dictaminó presentarse a diario en la secretaría de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), además de la inmovilización de fondos y la prohibición de salida del país.

El exfuncionario se encuentra en calidad de testigo protegido, desde el pasado 17 de octubre. La defensa de Yánez presentará una solicitud a la Fiscalía para acceder al sistema de cooperación eficaz y entregar información.

La entidad solicitó extender la instrucción fiscal del proceso a 30 días, pues concluía el 7 de noviembre.

Hasta el momento con Fernando Alvarado son nueve los procesados a quienes la fiscal acusa de cometer peculado, según el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal.

Los procesados durante sus funciones tuvieron relación en tres contratos que se estima dejaron un perjuicio al Estado de $254.440. (I)