La Fiscalía, en coordinación con la Policía Judicial, allanó las instalaciones de la compañía aérea que presuntamente ayudó a salir del país a Daniel Salcedo Bonilla, investigado –por peculado y otros delitos– en la trama de compras de insumos médicos del Hospital del IESS y otras entidades públicas, en el contexto de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.

Contra Daniel Salcedo pesa una boleta de detención ejecutoriada por autoridad competente.

El allanamiento se ejecutó a las 22:30 del martes 9 de junio, informó la Fiscalía. En el lugar se incautó documentación relacionada al caso, como las bitácoras de entrada y salida de personas que viajaron el día de la presunta evasión del investigado hacia Perú.

Además, las instalaciones de la empresa, ubicadas en el hangar 7 del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, fueron intervenidas por peritos de Criminalística y de la Policía Judicial, que procedieron a levantar indicios y elementos del hecho investigado, informó la Fiscalía en un boletín.

La Terminal Aérea de Guayaquil (Tagsa) también colaboró con la entrega de los videos de las cámaras de seguridad del centro aeroportuario, correspondientes al día de la evasión.

Mientras tanto, en horas de la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional trasladó a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, en Guayaquil, a Daniel Salcedo (detenido) y su pareja, Jocelyn M. Z. (retenida para investigaciones), una vez que fueron expulsados de Perú y 48 horas después de que la aeronave en la que se daban a la fuga se estrellara (en el hecho se registró la muerte del piloto).

El martes, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de Ecuador señaló que prestará todas la facilidades y colaboración con las autoridades en la investigación del accidente de avioneta-en la que iba Salcedo- en territorio peruano, ocurrido el lunes 8 de junio. Aclaró que no receptó el plan de vuelo de la ruta Roble Mar-Perú. Por tanto, no autorizó la operación. 

La Fiscalía formulará hoy cargos contra Daniel Salcedo por su presunta participación en el delito de peculado, en el caso de compras de insumos médicos por parte del Hospital del Seguro Social en Guayaquil.

Además, se evalúa proceder con una segunda audiencia, por un presunto delito de fraude procesal contra el mismo ciudadano, quien habría tratado de engañar a la autoridad judicial con sus acciones. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años de prisión. (I)