En la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) reposa el proceso No. 082-2011, por el presunto delito de peculado, en desmedro del Estado, contra Walter Poveda Ricaurte, exministro de Agricultura y la exgerente y cuatro exvocales del Directorio del extinto Banco Nacional de Fomento (BNF), hoy denominado BanEcuador.

Consta que mediante el Informe de Contraloría No. DAI-0065-2009 se puso en conocimiento sobre el examen especial practicado a las importaciones de fertilizantes y harina, así como de las compras y comercialización de arroz y maíz, en el BNF, por el período del 1 de marzo de 2007 y al 31 de julio de 2008.

Allí se analizó el proceso de adjudicación del contrato y se llegó a las siguientes conclusiones:

1.- El proceso precontractual para la adquisición de harina (de maíz) se realizó al amparo del artículo 17 literal a del Reglamento de Compras y Provisión de Insumos Agropecuarios, emitido por la Entidad, “sin sujetarse al artículo 6 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública y artículos 1, 4 y 5 de su Reglamento”.

2.- El contrato debidamente legalizado fue suscrito con posterioridad a la ejecución del mismo, puesto que el producto contratado llegó al país el 28 de febrero de 2008, o sea, con 33 días de anticipación de su firma.

Sobre la base de ese primer informe, la Fiscalía inició la Indagación Previa, por posibles indicios que permitían presumir el delito de peculado. Allí, se implica a seis funcionarios:

Walter Poveda Ricaurte, del Directorio del BNF y ministro de Agricultura de la época; Galo Naula Zambrano, extitular del Directorio del BNF, domiciliado en Guayaquil; Rodrigo Mena Ramos, exvocal del Directorio del BNF, quien vive en el cantón El Carmen (Manabí); Marina Cumandá Centanaro Rodríguez, exgerente del BNF, domiciliada en Guayaquil; Jorge Fernando Olmedo, exvocal del Directorio, residente en Quito y, Jaime Rojas Rojas, exvocal del Directorio del BNF, con residencia  en Cuenca (Azuay).

Los Medios Públicos realizaron un contacto telefónico con el exministro Walter Poveda para obtener su versión sobre estas compras y las presuntas irregularidades citadas por Contraloría General, no obstante el exfuncionario manifestó que son temas en donde prácticamente no tuvo participación y que por eso prefiere no dar entrevistas.

La primera vez que se solicitó la audiencia de formulación de cargos en torno a este caso, tras el primer informe de Contraloría, fue el 19 de enero de 2011. Lo  hizo el entonces director de Asesoría Jurídica y fiscal general subrogante Alfredo Alvear Enríquez, quien ofició a la Primera Sala de lo Penal de la CNJ.

Se basó en los indicios de responsabilidad penal hallados en el primer informe de Contraloría y en lo estipulado en el artículo 195 de la Constitución, el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial y el inciso primero del artículo 25 y numeral 4 del artículo 30, inciso primero del artículo 65 y 217 del anterior Código de Procedimiento Penal.

A dicha audiencia, con fuero de corte nacional de justicia que nunca se efectuó porque el fiscal General, Galo Chiriboga, pidió en varias ocasiones que se fije nuevo día y hora, debían también acudir la Contraloría y Procuraduría. Tras el sorteo respectivo, el 24 de enero de 2011 recayó la causa en la Primera Sala de lo Penal de la CNJ.

El 13 de junio de 2011, Fernando Larrea Martínez, abogado de Poveda, abandonó el caso porque argumentó: “No hemos llegado a un acuerdo para la defensa en el presente caso”, por lo que pidió notificarlo directamente a él.

El caso estuvo “congelado” desde el 4 de octubre de 2012, hasta que a finales de junio pasado el legislador Elio Peña entregó un escrito al actual fiscal General, Paúl Peña Reina, para que impulse la acción penal, “hasta que se determine en sentencia si existió o no perjuicio económico al Estado”. (I)