Un globo plateado lo mantenía entretenido. Allan jugaba entre las sillas de la planta baja del edificio provincial de la Fiscalía de Guayas, mientras su abuelo Luis esperaba la hora de inicio de una nueva diligencia.

Esta vez, el niño, de siete años, sería entrevistado por una psicóloga dentro de la cámara de Gesell, que es una habitación dividida en dos áreas por un vidrio de visión unilateral. De un lado, va la víctima con el o la especialista y del otro se ubican el Juez, Fiscal, abogados y los padres de la víctima.

El procedimiento estaba fijado para las 11:00, pero no se dio. Allan salió del edificio al que ahora acostumbra a ir con su abuelo y siguió jugando.

Luis aseguró que su nieto está más tranquilo que en días anteriores, pues recibe ayuda psicológica, pero sigue afectado. Él recuerda cómo lo amarraron por negarse a beber orine de una botella y que un caramelo que le dieron le causó mareo. “Por un estudiante más grande que entró y pateó la puerta fue que no les hicieron más daño”.

Indicó que mantienen reuniones constantes con funcionarios del Ministerio de Educación, con quienes analizan el cambio de colegio de los niños “porque no creemos conveniente que sigan en esa institución. Eso no ayudaría a que ellos superen lo que pasaron”.

Hernán Ulloa, abogado de las víctimas, indicó que la diligencia de la cámara de Gesell se suspendió porque dos de los cuatro niños que debían asistir no llegaron. “Sus familiares me dijeron que se les hizo imposible venir por una calamidad doméstica. Por la urgencia que el caso amerita debe ser convocada por lo menos en unas dos semanas”.

El abogado indicó que es necesario este testimonio anticipado porque “suple a la comparecencia ante el Tribunal. Es decir que cuando sea el juicio no será necesario que las criaturas vuelvan a declarar, así se evita la revictimización. Es un proceso en el que se necesita de mucha paciencia, pues se está tratando con niños”.

Durante el proceso, los menores tendrán que observar varias fotografías para que identifiquen o ratifiquen a las personas que los agredieron.

César Peña, fiscal encargado de la investigación, explicó que esa entrevista es de carácter reservado. “Durante la próxima semana se receptarán las versiones libres y voluntarias de los principales conocedores del caso y los padres que denunciaron los hechos”. La primera convocada es Tanya González, directora del distrito al que pertenece el Aguirre Abad. Tendrá que asistir a las 14:00 a la oficina de la Fiscalía 10 de Garantías y Personas.

Ahí, el 18 de octubre, Patricia Cuenca, exrectora del plantel, aceptó que no denunció en la Fiscalía el caso de abuso sexual que conoció porque la madre de la víctima ya lo había hecho. Además, reveló que ella llegó a ese puesto sin pasar por un concurso de méritos y oposición. La autoridad educativa ejerció ese cargo desde el 24 agosto de 2016 hasta el 12 octubre de 2017.

Agustín Lindao, coordinador de la Red de Maestros de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), a la que pertenecía la exrectora, manifestó que estaba como encargada mientras designaran al titular. “Así hay centenares de directivos entre rectores, vicerrectores y directores que no tienen acciones de personal como titular, no hay un tiempo límite”. Lo expresó durante una manifestación a la que asistió un centenar de docentes de jornadas vespertina y nocturna que llegaron hasta los exteriores de Teleamazonas a solicitar que el canal rectifique las declaraciones que “atentaron contra la dignidad de los maestros”.

Lindao enfatizó que el magisterio condena todo tipo de violencia en contra de los niños y adolescentes. “Pedimos que se aplique todo el peso de la ley. Además aplaudimos los procesos de evaluación y con estos hechos analizamos cómo aplicar más controles en las organizaciones para no dejar que existan malos maestros”. (I)

DATOS

El Ministerio de Educación reveló que entre 2014 y 2017 se reportaron 882 delitos sexuales en planteles educativos de Ecuador. Sin embargo, no se descartó que existan más no denunciados.

De esa cifra, 445 casos fueron acosos sexuales, 321 abusos sexuales, 97 violaciones, 10 estupros, cuatro distribuciones de material pornográfico, dos explotaciones sexuales, entre otros.

Asimismo, de los 882 reportes, 321 corresponden a personas externas al sistema (familiares y conocidos), mientras que 561 a personal de las instituciones. En el segundo caso las denuncias fueron direccionadas a docentes, personal administrativo o de limpieza, autoridades o compañeros.

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Madre de dos niñas ultrajadas clama justicia

Cristina G., embargada por el dolor, clama justicia para sus dos hijas, ultrajadas por sus profesores en la unidad educativa.

Según la mujer, los casos ocurrieron en distintos tiempos. El primer caso se registró hace dos años. Su hija fue violada  por un maestro de su colegio. La denuncia la presentó en la Fiscalía de Cañar, pero el caso, posteriormente, se archivó.

El fiscal de Cañar, Leonardo Amoroso, tras dialogar con la fiscal que estuvo al frente del proceso, dice que cuando el caso estaba listo para formular cargo contra el acusado, el implicado se suicidó. El proceso se detuvo.

El segundo caso se registra este año con otra de sus hijas. Cristina indica que la menor fue abusada sexualmente por uno de los profesores de la institución, donde sigue estudiando. El fiscal que llevó el proceso acusó posteriormente al maestro por presunto estupro y no por violación, lo que implica una pena entre 1 y 7 años. El fallo fue rechazado por su madre, por tanto fue impugnado.

“A mi hija el profesor la amenazaba y le decía que le pondría malas notas y perdería el año para abusar de ella”, indica la mujer. La menor fue violada por tres ocasiones en la unidad educativa, pero la defensa del implicado aduce que hubo una relación de pareja.

El fiscal Amoroso, que ventila este caso, dice que existe la primera sentencia. “El fiscal concluyó que no están frente a un delito de violación, sino de estupro, que es sancionado en el artículo 267 de Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una pena de 1 a 7 años”, y el “estupro es el acceso o mantener una relación sexual con una joven mayor a 14  y menor a 16 años mediante el engaño o la seducción”.

En la Coordinación Zonal de Educación del Austro existen 60 casos desde 2014, en Azuay, Cañar y Morona Santiago. (I)

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De 4 a 5 casos de agresiones sexuales ingresan a la semana en la Fiscalía

Las violaciones y acoso sexual contra menores en el sistema escolar es un problema que existe hace mucho tiempo, “solo que ahora la ciudadanía se anima a denunciar”.

Esa es la conclusión de Mayra Soria Escobar, fiscal de Pichincha especializada en Violencia de Género, quien analizó la problemática en torno a los recientes casos de agresiones sexuales, conocidos a través de los medios de comunicación.

En los últimos 15 días se conoció sobre un presunto caso de violación a niños de la Unidad Educativa réplica Aguirre Abad, en Guayaquil. En Quito, la Fiscalía anunció la detención de un presunto agresor sexual, quien se desempeñaba como profesor en una unidad educativa intercultural bilingüe al norte de la ciudad.

También se conoció el caso de una academia privada de ballet, en el Valle de los Chillos. En cada una de estas situaciones, el Ministerio de Educación anunció medidas administrativas y el paso para acciones legales.

Soria reconoció con pesar que este problema se ha mantenido vigente y es difícil erradicarlo, pero, aseguró, en la actualidad estas situaciones se visibilizan con frecuencia porque la gente está entendiendo que debe denunciarse. “Ahora hay herramientas y personal especializado para tratar el problema. De ahí que la gente se preocupa por denunciar los hechos”, señaló.

Soria reiteró que no existen cifras oficiales sobre los casos de agresiones sexuales específicamente en los centros escolares. Por ello, se refirió a las estadísticas que manejan las Naciones Unidas. Según el organismo, una de cuatro niñas y uno de cinco niños son abusados sexualmente. La fiscal estimó que en su jurisdicción, a la semana, ingresan entre cuatro y cinco casos de agresiones sexuales (violaciones, acoso, extorsión, grooming, etc.).

“Existen cifras negras (sin registrar) porque la gente siente miedo. Son amenazadas o porque piensan que la justicia no va a tomar medidas”.

La funcionaria explicó que cuando se presenta este tipo de denuncias los padres de las víctimas cuentan con dos vías: la administrativa, que corre a cargo del plantel, después la Dirección Distrital de Educación; y la penal, establecida por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En esta última, la Fiscalía cumple un protocolo que, sobre todas las cosas, vigila la integridad de los menores.

Las denuncias pueden presentarlas los directores, psicólogos, maestros o los padres de los agredidos. Todos, o cualquiera de ellos, pueden acudir a los 219 puntos de la Fiscalía que funcionan a escala nacional.

Soria reconoció que si los progenitores lo prefieren pueden directamente en la Fiscalía presentar su queja. Pero explicó que es recomendable acudir primero al plantel porque debe conocer la situación para activar los protocolos por la seguridad del resto de estudiantes.

Las autoridades del centro escolar o el personal autorizado deben recabar la información y poner en conocimiento de la Dirección Distrital de Educación y luego denunciar en la Fiscalía.

“Si un padre presentó directamente la denuncia (en la Fiscalía), las autoridades del colegio deben sumarse a la queja y dar las garantías para que ingresen los peritos y el personal necesario”.

Entre los procedimientos técnicos que utiliza la Fiscalía, dijo, está la cámara de Gesell para evitar la revictimización de los niños, donde se graba su testimonio para que el proceso legal sea menos agresivo. (I)