Guayaquil / Quito.-

Las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador, José Conceição dos Santos, rendidas en Brasil dentro del caso Lava Jato develaron la corrupción en la que estuvo presuntamente inmerso el excontralor general del Estado, Carlos Pólit Faggioni, por el cobro de coimas millonarias en efectivo por emitir informes favorables de la empresa brasileña para la contratación de obras, sobre todo, hidroeléctricas.

Conceição dos Santos, quien era uno de los 15 funcionarios de Odebrecht en el extranjero, se acogió el año pasado en Brasil a la delación premiada, que jurídicamente se describe como el “acto de dar información relevante o importante para descubrir un delito. Ocurre generalmente en casos de delincuencia organizada. El delator es casi siempre un delincuente arrepentido que busca ser premiado con la impunidad a cambio de la delación”.

En 2010, Conceição se encargó de la resolución de las controversias y el reinicio de operaciones en Ecuador. En los seis años que desempeñó esas funciones los problemas los resolvió con la entrega de coimas a funcionarios, las cuales las grabó. Esa era la carta que tenía bajo la manga para mostrar a las autoridades judiciales brasileñas. Uno de esos personajes fue el excontralor.

Según el funcionario brasileño, el 23 de julio de 2016 visitó a Pólit en su casa de Guayaquil; y durante el diálogo le aseguró que se quedaría en el puesto de Contralor.
Pólit prefería el efectivo para evitarse de problemas. Nunca le dio una cuenta a su nombre al funcionario de Odebrecht.

Una vez el dinero fue transferido a la inmobiliaria Cosani S.A., en Panamá, y a Plastiquim S.A. El brasileño recalcó a Pólit que le envió el dinero en efectivo las veces que lo pidió.

El 15 de diciembre de 2016, Conceiçao declaró ante los fiscales brasileños Guilherme Guedes Raposo y Ronaldo Pinheiro de Queiroz que a mediados de marzo y abril de 2010  fue convocado por el abogado Juan Marchán, quien conocía a Pólit.

Dinero se entregó en Swissotel

Nuevamente se reunió Pólit en su apartamento-oficina, localizado en el Swissotel, en Quito, ocasión en la que él me informó que, en realidad, no concordaba con las recomendaciones descritas en los informes de la Contraloría contra la compañía. De acuerdo con él, había sido presionado por el presidente de la República, Rafael Correa.

Pólit le recomendó que para viabilizar el retorno de las operaciones de la Odebrecht en Ecuador se firme un acuerdo con el Gobierno.

Además, en su apartamento localizado en el Valle de Tumbaco, Pólit le mencionó que en caso de que se confirmara el acuerdo revisaría sus propios informes que eran desfavorables a Odebrecht (que resultaron en medidas administrativas y judiciales contra la compañía), siempre y cuando fuese realizado un pago de millones de dólares.

Posteriormente, la Contraloría realizó una auditoría al contrato del proyecto y al final Pólit emitió un informe archivando las sanciones administrativas contra la empresa Odebrecht. Entre 2010 y 2011 recibió un pago en efectivo por el favor.

En el caso de la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Manduriacu también recibió una coima por emitir un informe favorable. Así lo hizo con los contratos de la Refinería del Pacífico, Poliducto Pascuales-Cuenca y el Proyecto Daule Vinces, indicó el exempleado.

Entre 2012 y 2015, Conceição entregó a Pólit, en el hotel y en su casa, en Tumbaco $ 4’100.000. De esa cantidad, $ 2’400.000 fueron pagados en efectivo en Ecuador. El excontralor guardaba el dinero “en una caja fuerte empotrada en la pared del clóset”. Además, $ 1’700.000 fueron depositados en sociedades offshore en el extranjero en cuentas indicadas por el exfuncionario Pólit.

Conceição reveló que el dinero en efectivo lo recibía de Édgar Quiroz, de Diacelec S.A., que era contratista de la compañía para suministro de acero. Para eso, la empresa realizaba depósitos en compañías offshore indicadas por Quiroz, que luego entregaba en Ecuador.  

‘Odebrecht, a través del espionsaje político, ha intentado involucrarme’

La difusión de esta noticia provocó la reacción de Jorge Glas. En un comunicado resaltó que Odebrecht, “a través de cualquier medio, incluyendo el espionaje político, ha intentado involucrarme en su trama delictiva para vengarse del proceso político de la Revolución Ciudadana que siempre ha actuado con mano dura frente a prácticas deshonestas”.

Añadió en el escrito que durante un año ha sido sujeto de los mas miserables ataques de la oposición, por eso recalcó que exige respeto y “rigurosidad en el manejo de la información. Será el sistema de justicia el que de forma independiente actue como corresponde en un Estado de derecho”.

El abogado Jorge Acosta, defensor del excontralor, expresó que  “si se le quiere dar validez a esa grabación en contra del doctor Pólit, pues iguales efectos debía tener en contra de otras personas”.

Marcelo Robalino, abogado de Édgar A., dijo que esta información debe tener una prueba de veracidad para que pueda ser incorporada al proceso, eso depende de la fiscal y de la originalidad de la cinta.

Marcelo Dueñas, defensor de José C., dijo que confía en la actitud de la Fiscalía y demás operadores de justicia que tienen a cargo este caso.

La fiscal Diana Salazar, quien investiga el delito de asociación ilícita, dirigió ayer un peritaje en Quito para analizar la información  de discos, USB, videos, documentos, que fueron entregadas por los delatores de Brasil. En la diligencia también estuvo presente Ricardo Rivera, quien continua con prisión domiciliaria por este caso, además de los abogados de los seis procesados en el caso de asociación ilícita.

La diligencia fue reservada, en la unidad de Criminalística de la Policía. Lo que se analizó ayer fueron los dispositivos electrónicos incautados a los procesados, donde supuestamente habría información. (I)

La fiscal Diana Salazar dirigió el reconocimiento de los equipos incautados en casas de los procesados. Foto: Álvaro Pérez / EL TELÉGRAFO

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Legislador pide a la PGE sanciones contra compañía

El legislador nacional e integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, Carlos Viteri Gualinga (AP), solicitó a la Procuraduría General del Estado (PGE) que ejecute sanciones contra ‘la mafia’ de Odebrecht.

Viteri informó que durante una reunión que mantuvo el lunes con el procurador general, Diego García, le pidió que desde ese organismo se impulsen acciones legales que contribuyan con las investigaciones y sanciones contra la empresa brasileña implicada en sobornos con funcionarios ecuatorianos.

“No es posible que se permita que lleguen a nuestro país voceros de la mafia Odebrecht para solicitar disculpas públicas y pedir que continúen operando. Si querían enmendar sus errores y hacer mea culpa, lo mejor que podían realizar es salir por su propia voluntad y asumir sus responsabilidades”, resaltó.

Dijo que, según el principio de control de legalidad que estipula la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 65, “el Procurador General, tan pronto tenga conocimiento de cualquiera de estas irregularidades demandará la nulidad del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civil o penal de los funcionarios o empleados por cuya culpa se hubiere causado la nulidad”.

Destacó que estas acciones desde  la PGE posibilitarán el embargo de bienes de la empresa, la anulación de contratos, el congelamiento de cualquier pago desde el Estado y la expulsión de Odebrecht.

García le indicó que contestará las acciones desplegadas por la PGE en torno a la aplicación legal que le faculta. (I)

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De las Aduanas a la Contraloría General del Estado

A mediados de la década del 80, Carlos Ramón Pólit Faggioni, nacido en Bahía de Caráquez, Manabí, pasó varios años como funcionario aduanero. En 1987 fue administrador y subadministrador de  aduanas encargado. Luego pasó a ejercer la dirección de la Escuela Nacional de Aduanas.

Pólit (67), abogado, magíster y doctor en jurisprudencia por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y Universidad de Guayaquil, desde el 2003, fue la principal ficha del partido político Sociedad Patriótica en Guayas.

El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, lo nombró gobernador y luego ministro de Bienestar Social, secretario General de la Presidencia, presidente de la Defensa Civil de Guayas, titular de la Fundación Dragados Puerto Marítimo de Guayaquil y presidió la Función de Transparencia y Control Social.

En 2007, en el gobierno de Rafael Correa, fue designado Contralor General del Estado, cargo en el que estuvo hasta su reelección en marzo, su viaje a Miami en mayo y posterior renuncia en junio último.

El exfuncionario, hoy cuestionado, también fue notario Público por el Estado de la Florida en Estados Unidos, profesor de Técnicas Aduaneras auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), coordinador de la VIII Reunión de Directores de Aduanas de América Latina, España y Portugal, representante del Ecuador en foros internacionales de carácter social, empresarial y tecnológico.

Publicó dos obras: La Contraloría General del Estado en el ordenamiento jurídico constitucional y El Control Público en la Transición Institucional Ecuatoriana. (I)

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