Dos policías en un patrullero trataron de retirar a un grupo de libadores en la vía pública. Los ciudadanos se negaron a desalojar e incendiaron su vehículo.

El hecho ocurrió el 26 de junio en la parroquia Limones, provincia de Esmeraldas.

Óscar Corozo, juez multicompetente del cantón Eloy Alfaro, ordenó prisión preventiva para 15 personas.

Ese mismo mes,  el Tribunal de Garantías Penales de Morona Santiago dictó prisión contra Jempe N., por agredir a dos policías cuando atendían una llamada por violencia doméstica.

Los procesos legales por faltar el respeto, agredir o tratar de asesinar a un policía son recurrentes en el país.

“Especialmente durante la pandemia por el covid-19”, señaló el mayor Carlos Flores Castro, jefe del Departamento de Defensa Institucional de la Policía Nacional.

Eso lo evidencian las cifras de su unidad. Entre enero de 2019 y el 30 de junio de 2020 fueron aprehendidos 3.243 ciudadanos por contravenciones y delitos contra la autoridad.

El Departamento es el encargado de cumplir con la defensa técnica de los agentes, siempre y cuando se encuentren en funciones. A decir de Flores, esta labor se incrementó en los últimos meses.

Según el organismo, la falta de respeto o violencia contra la autoridad se suscitan cuando los agentes cumplen con un arresto en 18 tipos de faltas.

La más frecuente cuando detectan halitosis alcohólica (aliento a licor). Entre el 1 de enero y 30 de junio de este año, 985 gendarmes fueron agredidos tras tomar procedimiento en 659 infracciones.

Es decir, 82 personas agredieron a los agentes cuando fueron detenidos en estado etílico; 79 ciudadanos fueron agresivos cuando se los retiró por beber en la calle y 74 se resistieron al arresto durante un patrullaje preventivo. 

Los procesos y las sentencias
Cristian Rueda, vocero de la Policía, reconoció que las agresiones aumentaron de forma progresiva, especialmente cuando cambió el estado de semaforización.

“La gente piensa que tiene la misma libertad de antes. Y si el policía lo sanciona, se porta violenta”, explicó.

Sin embargo, Rueda garantizó que la institución da seguimiento a estos casos, hasta que se alcance una sanción plena para el agresor.

 En 2019, de los 2.217 ciudadanos detenidos, 1.248 recibieron sentencias condenatorias ejecutoriadas.

En lo que va de este año, 1.026 ciudadanos han sido aprehendidos a nivel nacional por algún tipo de agresión a los uniformados.

De este número, 582 ciudadanos recibieron sentencias condenatorias ejecutoriadas y 193 se encuentran en instrucción fiscal.

La ley los ampara
El mayor Flores recordó a la ciudadanía que la agresión a los miembros de la fuerza pública está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El artículo 283, por ejemplo, habla del ataque o resistencia y contempla prisión de entre seis meses y tres años.

Mientras que el artículo 140, que se refiere al asesinato, contempla prisión de entre 22 y 26 años. En este año -según el Departamento- cinco policías fueron víctimas de este delito.

El artículo 152 también contempla sanciones en caso de lesiones.

En cambio, en los artículos 384, 393, 394 y 396 se contemplan sanciones por contravenciones de primera, segunda y cuarta clase. (I)

Las disculpas públicas son otro recurso de reparación
En lo que va de 2020, jueces que resolvieron causas por agresiones a gendarmes han dispuesto disculpas públicas para  227 ciudadanos como medida de reparación integral. Esto se ha cumplido a través de minutos cívicos, actos en las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), medios de comunicación, etc.

Los actos de disculpas más frecuentes se registraron en Quito (28), Guayas (20), Manabí (19), Esmeraldas (16), entre otras.

Uno de los más recientes se llevó a cabo en Los Ríos, en el Distrito de Babahoyo. El 30 de junio, Kevin Francisco Morán Cabezas, pidió disculpas a la institución por agredir al agente Johathan Leonel Baquerizo Rosado, quien cumplía con un operativo de rigor durante el estado de emergencia.

En la audiencia respectiva, el juez Arturo Guedes Nicola dispuso para el ciudadano prisión de cinco días y 120 horas de trabajo comunitario. (I)