La niña llegó al parque Forestal, en el sur de Guayaquil, agarrada de la mano de su padre. No sabía lo que pasaba, su progenitor la había negociado a un desconocido. Primero le pidió $ 3 mil por pasar un momento con su hija, pero finalmente la ‘vendió’ en $ 700. Había una condición: solo podía tocarla, nada más.

Pero hay algo que el individuo no conocía: Agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) lo habían investigado y antes de que se consumara la entrega de la pequeña, lo detuvieron y rescataron a la víctima.

En la Zona 8 de Policía, que incluye los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, en lo que va del año fueron detenidas aproximadamente 26 personas por pornografía infantil.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), este ilícito produce unos $ 250 millones anuales en el mundo.

El último capturado, de quien se reserva la identidad, está en prisión por ese delito, el mismo que está sancionado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Sin embargo, cuando la víctima padezca de una enfermedad o discapacidad, la pena aumenta de 16 a 19 años; y en caso de que la persona infractora sea el padre, madre, pariente o tenga alguna relación de cuidado, la condena es de 22 a 26 años.

Un agente de la Dinapen reveló que una denuncia ciudadana fue clave para la investigación del caso. Había fotos y videos de la niña que circulaban por correos electrónicos y por whatsapp (aplicación de mensajería).

En las imágenes no solo aparecía la menor sin ropa, sino que el progenitor tocaba sus partes íntimas. “Yo solo la bañaba”, alcanzó a justificarse el individuo.

“No había visto algo tan espeluznante en mis 13 años de carrera. Pero algo ocurrió, Dios nos puso todo el camino para dar con el individuo sin tener que allanar viviendas con el riesgo de que se nos escape”, comentó uno de los gendarmes que participó en el operativo.

De acuerdo a la información de los investigadores de la Dinapen, el hecho no habría sido simplemente un envío y transmisión de fotos.

Al parecer el sospechoso es parte de una red en la que participan ecuatorianos y extranjeros que publican fotos y videos de menores y adultos, a quienes además los negociaban por sumas de dinero.

Zoraya Bohórquez, presidenta de la Asociación de Psicología Jurídica Forense, indicó que “se puede y se debe hacer un análisis de la conducta de estos sujetos.

Esto implica un trabajo de equipo, de varios profesionales como psicólogos, criminólogos, sociólogos, psiquiatras, neuropsicólogos. Cada uno desde su ciencia aporta a la elaboración del perfil criminal.

¿Qué pasa por la mente de quienes deciden abusar de la peor forma de sus hijos, cuando su labor es cuidarlos? Solo cuando tengamos respuestas, al menos aproximadas, podremos prevenir estos hechos tan repudiables en nuestro país”.

Fue por necesidad. Esa fue la respuesta que el procesado le dio a Jefferson Caicedo, fiscal de la Unidad con competencia en Delitos Flagrantes, pues supuestamente él y su conviviente son portadores del virus del VIH y cobraban entre $ 500 y $ 700 por las fotos de la niña.

“¿Necesidad?”, cuestionó Bohórquez. “No. A mi juicio no es así. Muchos padres y madres no tienen ni qué darles de comer a sus hijos y no por eso los someten a abusos sexuales, porque la pornografía infantil es eso, abuso”.

El Fiscal agregó que la madre de la víctima primero no quiso denunciar porque supuestamente la habían amenazado; pero luego tuvo el respaldo de una abogada de una Fundación y se comprometió a poner la acusación particular.

El fiscal indicó que en el celular del individuo se encontraron fotos de la niña desnuda y eso fue suficiente evidencia para dictarle prisión preventiva.

Las fotos eran vendidas entre $ 700 y $ 1.000. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. “Yo considero que la niña por la ingenuidad se dejaba fotografiar”, precisó el fiscal Caicedo.

En referencia a si la pequeña pudo o no darse cuenta de lo que ocurría, la especialista Bohórquez sostuvo que si los niños no reciben estrategias de prevención y afrontamiento a situaciones abusivas, no podrán defenderse. Es más, ni siquiera lograrán identificar que lo que está pasando no es normal.

“A esto súmale que nuestros niños se desarrollan en una sociedad en la que el poder lo tienen los adultos y, peor aún, los hijos les pertenecen a los padres y madres como si fueran objetos, que deben hacer lo que el adulto/padre/madre les ordena, les guste o no, quieran o no. Esto los vuelve vulnerables a abusos de todo tipo”.

Informe mundial

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) elaboró, en 2014, un informe que abarcó las formas de abuso sexual a menores, como la creación y distribución de pornografía infantil o el acoso cibernético para lograr material de contenido sexual.

La mayoría de los autores de este tipo de delitos son hombres, y las tres cuartas partes de las víctimas que aparecen en el material analizado son niñas, cada vez más jóvenes. “Se ha observado un nivel mayor de violencia y una edad cada vez menor de las víctimas en el material sobre abuso sexual”, dice el estudio.

También consta que entre 2011 y 2012 hubo un incremento del 70% en el material de abuso sexual centrado en niñas menores de 10 años.

Asimismo, alerta de que la abundancia de pornografía infantil en la red “desensibiliza” a quienes buscan esos contenidos y les lleva a buscar contenidos “cada vez más extremos”, alimentando de esta manera “un círculo vicioso”. (I)