El Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) desarrolla lo que será el nuevo Código Orgánico Procesal Único, que  consiste en la unificación de los procedimientos orales en los juicios a nivel nacional.

Esta herramienta pretende que los procesos Civiles, Laborales, Contenciosos Administrativos y de la Niñez y la Adolescencia, tengan los mismos procedimientos en diligencias y actuaciones, lo que facilitará solucionar conflictos que actualmente se rigen de acuerdo a los códigos de cada rama, explicó Jorge Paladines, defensor público Provincial de Pichincha.

El sistema consiste en eliminar, en su mayoría, los trámites escritos, una demanda o denuncia deberá constar por escrito, dice el funcionario, al igual que las pruebas de peritajes, testamentos o escrituras, pero el resto de diligencias que permite llegar a una sentencia  se haría de manera oral a través de audiencias.

La oralidad significa que las audiencias prescindirán de los documentos, deberán registrarse de forma tecnológica por medio de audio.

Los cuerpos y las fojas de los procesos serán grabados cada uno con fechas y minutos exactos que las partes procesales consideren de importancia. Asimismo, las notificaciones y convocatorias se realizarían de manera tecnológica, cambiando casilleros judiciales, por electrónicos. Autorizaciones para detenciones y operativos  podrán   ser facultadas vía telefónica, las mismas que quedarán registradas. 

Las audiencias concentran a las partes y generan procedimientos amistosos para llegar  a los acuerdos, de no haber esto las evidencias y demás pruebas que se presenten serán de manera digital, esto ayudará a reducir el tiempo que actualmente se demoran en leer un proceso. Inmediatamente, después de escuchada la audiencia, el juez emitirá su resolución, afirmó.

Para Paladines, la oralidad, también, evitará que operadores de justicia  traten de coimar para proceder a tramitar determinado documento. Afirmó que, según una investigación, más impunidad hay en materia civil. “Un juicio puede durar entre uno y cinco años, y un administrativo entre tres y siete años”, indicó.

Oswaldo S. tiene cuatro hermanos, uno de ellos reside en Estados Unidos, al morir sus padres heredaron un terreno al norte de Quito. Sin embargo, cuando tres de ellos intentaron vender el terreno a una constructora, no pudieron cerrar el trato, pues no llegaron a un acuerdo con el hermano que está fuera del país.

Llevan cinco años en el proceso. Con la oralidad, hasta un divorcio se podría resolver en un año, afirmó el funcionario. “El tiempo estándar que los abogados deberán exponer en sus audiencias es de 7 minutos en audiencias de flagrancias, formulación de cargos y previa a un juicio”, dijo.   

El vocal del CJT, Fernando Yávar, manifestó que la implementación de la oralidad será un cambio real. “Esperamos que sea aplicado en un futuro no muy lejano”. Destacó que la disminución de tiempo en una audiencia civil que dura una hora, con la oralidad sería entre 10 y 15 minutos. 

Paladines explicó que esta iniciativa es necesaria, sin embargo, se podría correr el riesgo de suprimir muchos derechos con el fin de equiparar procesalmente a las partes, que socialmente no son iguales, es decir, un empleado y un patrono económicamente ni procesalmente son iguales, pues siempre se ha direccionado para que el trabajador tenga más garantías laborales en la exigencia de sus derechos. 

Un ejemplo, es que actualmente un trabajador (guardia de seguridad) que hace una denuncia laboral, no se le puede exigir que reconozca quien es el demandado, pues puede no saber el nombre del dueño de la empresa para la cual trabaja.

Los empleados simplemente pueden demandar a quien asume funciones de dirección, “si estandarizamos los procesos, podemos correr el riesgo de que el trabajador tenga que conocer el nombre de su patrono, lo que puede generar trabas en el intento de hacer cumplir sus derechos laborales”.

Paulo Rodríguez, presidente del CJT, anunció  que en diciembre, el país contará con 250 salas totalmente equipadas para las audiencias orales.

Para Paladines, los secretarios jurídicos están más familiarizados con los expedientes que con las personas. “La oralidad trata de humanizar los procesos”, señaló.

La Defensoría Pública ha recibido más de 100 mil causas en los últimos tres años en todas las ramas, un 30% corresponde a materia penal, 20% laboral, el resto pertenece a materia civil y a temas de legalización de tierras.