La noche del miércoles miembros de la Policía Judicial de Pichincha (PJ-P),  acompañados de agentes aduaneros, allanaron una vivienda  en el sector de Las Casas, al norte de Quito.Según los agentes, a mediados de marzo se recibió una llamada al 1800-DELITO, en la que una persona indicaba la venta ilegal de alcohol que aparentemente se daba desde la vivienda de Hernán Cabezas, de 52 años.

Según los agentes, inmediatamente luego de recibida la denuncia se abrió una indagación previa, la que incluyó seguimientos y vigilancias a la licorería, que funcionaba desde la vivienda, y  bajo presunciones de posible contrabando se  solicitaron las respectivas órdenes de allanamiento y detención de sospechosos.
En el operativo participaron alrededor de ocho agentes de  Aduana, los mismos que incautaron 491 cajas que contenían botellas de whisky, brandy y champagne.

Antes del mediodía de ayer se realizó la audiencia de formulación de cargos, en donde la fiscal Mónica Bravo señaló las cajas de licor como  mercadería que presuntamente habría sido ingresada al Ecuador proveniente de Colombia y Perú.
En el allanamiento, los agentes también se encontraron en una bodega una maleta azul que contenía etiquetas de los licores.

En base a esos dos elementos, Bravo acusó a Hernán Cabezas de presunto ingreso clandestino de licores al país, evadiendo los controles aduaneros, acción que comúnmente se conoce como contrabando. Las autoridades manifestaron que las etiquetas de licores deben ser colocadas en la ciudad de origen del licor, mas no en lugares clandestinos, sin el permiso legal.  

La fiscal dictó instrucción fiscal por 90 días, la misma que fue oficializada por el  juez Nelson de la Cadena, quien dispuso a su vez la libertad de Hernán Cabezas, puesto que no hubo una solicitud de medida cautelar. Las evidencias ingresaron bajo cadena de custodia a las bodegas de la Policía Judicial de Pichincha.

Pablo De la Cadena, abogado de Cabezas, señaló que no existen elementos que comprueben un delito y dijo que desconoce de dónde salió esa información.
Añadió que su cliente se dedica desde hace más de 40 años al negocio inmobiliario, principalmente en el puerto de Manta, Manabí.

La Fiscalía General del Estado ha emprendido talleres para autoridades aduaneras, con el fin de erradicar el contrabando y evitar la defraudación tributaria al Estado. Al delito aduanero se lo conoce como el tráfico internacional de mercancías con perjuicio al Estado, por la evasión del pago de impuestos y normas aduaneras regulares.  

Durante el 2011 los controles de la Aduana permitieron detectar mercancía ilegal por alrededor de  14 millones de dólares, según estadísticas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

Para ese tipo de delitos, las sanciones van desde una multa, decomiso de la mercancía, cancelación de la matrícula de comercio, hasta la prisión de los sindicados.

Según datos de la oficina especializada en delincuencia organizada, transnacional e internacional, en promedio, en cuatro meses se registran alrededor de  30 a 40 denuncias de ese tipo.

Según la Ley Orgánica de Aduanas, son facultades explícitas de la Aduana incautar las mercancías no declaradas, así como aprehender a las personas o medios de transporte y mercancía que evadieron impuestos y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes.

El personal de Aduana está obligado a recibir información y realizar las investigaciones necesarias para el descubrimiento del ilícito y proceder a la captura de los presuntos responsables en delito flagrante, como lo dispone el Código Tributario.

La concurrencia de esa conducta ilícita no solo afecta patrimonialmente al Estado, según abogados expertos en materia tributaria, sino que también lo hace de manera extensiva a la industria nacional.