Hasta este lunes 19 de noviembre el Ministerio de Economía deberá nombrar un administrador temporal para el proceso de transformación institucional del Ministerio de Justicia.

Las competencias de esta entidad pasarán a la Secretaría de Derechos Humanos y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (PPL) y a Adolescentes Infractores.

Esta última institución tendrá autonomía administrativa, operativa y financiera. La Secretaría de la Política se encargará de las atribuciones de cultos, libertad de religión, creencia y conciencia.

En 60 días empezarán a funcionar estas nuevas instituciones. Hasta tanto se realizará el traspaso ordenado de atribuciones y responsabilidades a estas entidades.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia tendrá a su cargo las competencias y atribuciones de desarrollo normativo, con su estructura orgánica.

Mediante decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno dispuso que el administrador temporal, con las entidades involucradas, ejecutará las acciones legales y administrativas necesarias para asegurar la correcta implementación de la nueva estructura y modelos de gestión de las entidades de la Función Ejecutiva.

De esta manera, en 90 días se realizará un proceso de evaluación, selección y racionalización del talento humano para las competencias atribuidas.

Según la página aún existente del Ministerio de Justicia, en esa entidad trabajaron hasta septiembre de este año 3.267 personas, entre ellas constan los agentes de tratamiento penitenciario, trabajadores sociales, analistas, entre otros. Para el rubro de pagos a colaboradores se destinaron $ 2’651.495,56.

El Ministerio de Finanzas recibió $ 228.034 como parte de la proforma del presupuesto del Estado este año.

El jurista Vicente Reinoso señaló que lo primero será capacitar al personal de manera “ética y moral para evitar los problemas que actualmente hay” en el sistema carcelario.

Sostiene que la tramitología en los procesos penales, como la prelibertad, deben superarse. Comentó que las personas privadas de la libertad deben “hacer trámites engorrosos, en los cuales hay funcionarios que desconocen cuál es la filosofía y el espíritu real de la Constitución”.

El exfiscal considera que las personas privadas de la libertad son “objeto de desconocimiento de los derechos humanos y tampoco se logra reinsertarlos en la sociedad”.

Este criterio comparte el abogado Carlos Luzuriaga, quien considera que el nuevo servicio nacional debería velar por los derechos de las personas privadas de la libertad y que no se produzcan atropellos como los que sucedieron en el centro de rehabilitación Turi, parroquia de Cuenca.  

Por ser un ente autónomo, Luzuriaga cree que se velará por los derechos de los reos sin distinción social.

La población penitenciaria interna actualmente es de 37.530 personas (92% hombres y 8% mujeres), sin embargo, la capacidad real de los centros de rehabilitación social del país es de 27.230 ciudadanos. Por ello, el hacinamiento llega al 37%.

Según Luzuriaga, este problema se supera con la distribución de los reos, respetando la jurisdicción.

El Ab. Carlos Poveda no está de acuerdo que se elimine el Ministerio de Justicia y cree que una Secretaría de Derechos Humanos “minimizará la eficiencia en esa línea”. Considera que las víctimas podrían quedar relegadas. (I)