El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, conformado por los jueces Silvana Velasco, Marcelo Narváez y Galo Rumiguano, sentenció con seis años de prisión a Carlos P.Y., exministro de Hidrocarburos; Marco C., exgerente general de Petroecuador; y Diego T., exsubgerente de operaciones de la estatal petrolera, por ser autores directos del delito de asociación ilícita dentro de la red de corrupción en Petroecuador.

El dictamen fue emitido a la medianoche del martes en el Complejo Judicial Norte, de Quito, al culminar el séptimo día de audiencia de juicio, en el que se escucharon los alegatos de las partes procesales y luego de cerca de tres horas de deliberación de los jueces.

La Fiscalía investigó a los procesados por el delito de delincuencia organizada, pero el Tribunal los sentenció por asociación ilícita, según el Código Penal anterior, pues los hechos se suscitaron antes de que entrara en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En su alegato de cierre, el fiscal del caso, José Eduardo Maldonado, expuso que a través de las pruebas presentadas por la Fiscalía (más de 20 testigos y 30 documentos) se confirmó la existencia del delito y la responsabilidad de los procesados.

Según Maldonado, se demostró que entre marzo de 2011 y junio de 2015 los sentenciados eran parte de una organización delictiva conformada por servidores públicos de nivel jerárquico superior, que actuaron dolosamente para obtener beneficios económicos a su favor.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, esta organización estaba estructurada así: Álex B. recibía los recursos y los repartía a los otros integrantes por disposición de Carlos P.Y., en esa época exgerente de Refinación, quien era el líder. Mientras que Diego T., desde la subgerencia de Operaciones, generaba necesidades para que se viabilizaran contratos. A su vez, Marco C., gerente general de Petroecuador, daba paso a la ejecución de los contratos.

A través de los testimonios de peritos y funcionarios de  la Unidad de Análisis  Financiero y Económico, la Fiscalía sostiene que estas personas se beneficiaron económicamente. Se estima que las coimas por las obras en la Refinería de Esmeraldas bordean los $ 11 millones.

Para Carlos P.Y. es la segunda condena que recibe dentro de los casos de corrupción que ocurrieron en Petroecuador. La primera fue una sentencia de cinco años de cárcel por cohecho, la cual fue ratificada el viernes 13 de octubre por el Tribunal de la Sala Provincial de Justicia de Pichincha.  

Reinaldo Zambrano, abogado de Carlos P.Y., cuestionó el hecho de que no se aplicó el acuerdo de cooperación eficaz que se había acordado con la Fiscalía para la reducción de la pena, según lo estipulado en el artículo 493 del COIP, por lo que advirtió que se analiza si se continúa o no colaborando con la Fiscalía, ya que resultaría difícil porque no se obtienen los beneficios solicitados.

Otro atenuante a favor de Carlos P.Y. fue entregarse voluntariamente a la justicia. (I)