El exvicepresidente de la República Jorge G. y el exministro de Hidrocarburos Carlos P. Y. (Capaya) continuarán en la cárcel pese a que ya no tienen órdenes de prisión en su contra por los procesos penales que enfrentan.

Ayer el Tribunal penal conformado por el juez Iván León y los conjueces, Javier de la Cadena y José Layedra levantaron la única orden de prisión preventiva que pesaba contra los dos exfuncionarios del régimen anterior, que era por el caso Singue.

La decisión fue anunciada en la reinstalación de la audiencia de juicio por el mencionado proceso, en el que son procesadas 15 personas por el delito de peculado, que se cumplió en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, no pueden recuperar la libertad, debido a que tienen y están cumpliendo sentencias ejecutoriadas por otros casos.
Jorge G. tiene una sentencia de seis años de prisión, por el delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht.

La prisión preventiva en el caso Sobornos 2012-2016 que enfrentaba, también caducó el pasado 9 de marzo, por lo que quedó insubsistente.

En el caso de Capaya, él tampoco podrá salir en libertad, pues cumple cinco condenas: por cohecho, peculado, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en el caso Petroecuador.

“El tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo que ha hecho es respetar la norma y la ley; no es un día en que nosotros como defensa técnica podamos alegrarnos respecto a esto”, dijo Miguel Revelo, abogado defensor de Capaya.

Por tanto, admitió que en la práctica, con el levantamiento de la orden de prisión “no hay ningún beneficio. Lo único que se ha hecho es cumplir con la ley”, insistió.

Los magistrados tomaron la decisión, debido a que ayer caducó la prisión preventiva, porque ha transcurrido un año desde que les dictó esa medida, y conforme lo dispone el Art. 541 Código Orgánico Integral Penal (COIP), la prisión preventiva “no podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena mayor a cinco años”.

El Tribunal también pidió que se oficie al Consejo de la Judicatura (CJ) para que se investiguen las razones por las que se dejó caducar las órdenes de arresto.

El lunes se reinstala el juicio

Los jueces también anunciaron que luego de resolver este punto, el lunes a las 09:30 se reinstala la audiencia de juicio de esta causa, con la presentación de los alegatos iniciales de la Fiscalía, representada por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Los 15 procesados (ver foto) podrían enfrentar una pena de ocho a 12 años de cárcel por el delito de peculado, debido a que este proceso será juzgado con el Código Penal vigente hasta el 2014.

Para el exvicepresidente, significa su tercer juicio penal por un delito relacionado con actos de corrupción.

La investigación del denominado caso Singue, inició con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado.

En ese documento se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, donde se revelaron “irregularidades en la negociación y firma entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador”.

Jorge G., en calidad de ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos y presidente del Comité de Licitación Hidrocarburífera, en ese período, habría aprobado la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado por alrededor de $ 28 millones.

Silvana P., una de las procesadas, aseguró que no existe delito en este caso y se demostrará en el juicio que el contrato suscrito ha sido beneficioso para el país.

“Por eso pedimos un juicio justo, apegado a la ley”, dijo.

Paúl Ocaña, abogado de José B., otro de los acusados, coincidió con Silvana P., y su pedido es que haya imparcialidad en este juicio y que se actúe apegado a la ley. (I)